En octubre pasado
el periodista Isaac García, de Radio Siglo XXI de Tarapoto,
una pequeña ciudad del oriente peruano, denunció la campaña
que el Ministro de la Presidencia, Tomás Gonzales Reátegui,
hacía en favor de su sobrino, que postulaba para alcalde de
la ciudad. Inmediatamente después, García fue despedido de Radio
Siglo XXI. A los pocos días, dos individuos no identificados
le propinaron, en la puerta de su casa, una soberana paliza,
y, posteriormente su padre fue comprendido por la fiscalía de
la provincia en un proceso judicial engorroso y descalificador.
Un mes después, cuando
Isaac García fue convocado a Lima para declarar ante la comisión
del Congreso de la República, que investiga las denuncias de
nepotismo y corrupción contra el Ministro de la Presidencia,
el periodista se retractó de su denuncia inicial y no quiso
formular cargos. Al salir de la sesión se negó a dar declaraciones,
aunque admitió, esquivo, que había sido presionado.
El periodismo de
investigación se realiza en el Perú, en medio de la adversidad
y el autoritarismo. Peor aún si los dueños de los medios –incluso
los más liberales– se encuentran presionados económicamente,
a través de la oficina recaudadora de impuestos del Estado.
En este contexto, el fantasma de la censura –la que astutamente
ejerce el gobierno ajustando a los empresarios– visita
diariamente las redacciones y los departamentos de prensa de
los canales de televisión.
La libertad de expresión
no es patrimonio de periodistas y escritores. Las amenazas,
el acoso y el miedo, tampoco. El 4 de junio de 1997, los estudiantes
de todas las universidades de Lima se organizaron y marcharon,
pacíficamente, para manifestarse en contra de la injusta defenestración
de tres magistrados del Tribunal Constitucional. Los jóvenes
que organizaron la marcha han sido detectados y son sistemáticamente
amenazados de muerte o perturbados en sus domicilios, a través
de sus teléfonos o por medio de las autoridades de su propia
universidad.
Los filisteos de
la prensa peruana proclaman a cuatro vientos que en el Perú
es un país democrático porque existe libertad de expresión,
y que existe libertad de expresión porque cualquiera pude decir
lo que le dé la gana. Sin embargo, los periodistas, los políticos
o los estudiantes que denuncian atropellos, corrupción o abusos
de parte del gobierno, son amenazados, perseguidos o amedrentados
a través de agentes del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN)
o de jueces provisionales nombrados por Vladimiro Montesinos,
el asesor del régimen de Alberto Fujimori.
Este siniestro asesor
ha convertido a las fuerzas de seguridad en el ala perversa
y siniestra del régimen. Ha formado una guardia especial que
no existe formalmente en la estructura orgánica de las Fuerzas
Armadas, que no tiene responsabilidad pública ni política y
que opera con armas y pertrechos del Ejército y de la Policía.
La denomina Escuadrón de Seguridad "Júpiter", aludiéndose
a sí mismo. Y, como el dios romano, Montesinos goza de impunidad.
En el Perú no rigen
las garantías constitucionales. No existe autonomía en el Poder
Judicial. No hay independencia entre los poderes. Un gobierno
paralelo actúa en la clandestinidad. Su jefe se llama Vladimiro
Montesinos y es quien verdaderamente manda en el SIN.
La Oficina de Estrategia
Psicosocial del SIN es una entidad perversa y moderna. Desde
sus computadoras alimentan una página en Internet donde publican
los artículos peor escritos y más siniestros de Internet. Sus
textos tienen como objetivo incrementar las campañas de desprestigio
y difamación que, en enero pasado, iniciaron en pasquines de
escasa circulación contra políticos y periodistas. Los burócratas
del SIN pretenden pasar desapercibidos fingiendo que pertenecen
a una organización internacional, pero sus limitaciones y sus
hierros los delatan.
El periodismo de
investigación se lleva la peor parte. La persecución que han
desatado los servicios de inteligencia contra las fuentes de
información atenta contra la vida y los derechos humanos: Mariela
Barreto, una agente de Inteligencia del Ejercito que proporcionó
información al periodista José Arrieta, jefe de la unidad de
investigación de Canal 2 bajo la administración de Baruch Ivcher,
fue asesinada brutalmente a mediados del año pasado. Su cuerpo
mutilado fue enterrado en un arenal. Su cabeza y sus extremidades
aún no se encuentran.
Una de sus compañeras,
Leonor La Rosa, fue torturada en el sótano del Cuartel General
del Ejército al día siguiente de la desaparición de Barreto.
La Rosa estaba embarazada. Las torturas a las que fue sometida
le provocaron un aborto. Las lesiones que sufrió le dañaron
la médula espinal y le ocasionaron un trastorno cerebral. Ahora
está inmovilizada, pierde progresivamente la memoria y el habla,
y su diagnóstico no es alentador.
Otras fuentes han
sufrido cárcel y hostigamiento. Las más afortunadas enfrentan
procesos judiciales en los que son acusadas desde terroristas
hasta ladronas. Desde infidentes hasta mentirosas.
Si el ejercicio de
la libertad de expresión no tiene garantías, y hacer periodismo
significa poner en riesgo la integridad, la libertad de prensa
y la libertad de expresión no existen.
La noche del 5 de
abril de 1992 el periodista Gustavo Gorriti fue asaltado, en
su propia casa, por 15 agentes del SIN. Lo detuvieron y se llevaron
su computadora. Dos horas antes el presidente Alberto Fujimori,
había realizado un golpe institucional, clausurando el Congreso
de la República. Gorriti se salvó de ser asesinado por los agentes
del SIN que lo tenían secuestrado, gracias a la intervención
de los organismos internacionales.
Desde ese momento,
los periodistas peruanos que llevaban doce años cubriendo y
sufriendo numerosas bajas en la guerra contrasubversiva; sumaron
a sus riesgos el de trabajar en medio de una dictadura.
A las amenazas de
muerte, llamadas intimidatorias, campañas de desprestigio, intimidación
y eliminación de las fuentes, se han sumado en los últimos tres
años, un atentado dinamitero contra las instalaciones de un
canal de televisión en Puno, la usurpación de un canal de televisión
de cadena nacional en Lima y la cancelación de algunos programas
periodísticos.
La filial de Red
Global en Puno sufrió, en 1995, un ataque con cargas explosivas
en su local. Una investigación periodística logró demostrar
e identificar a los responsables. Tres agentes del Servicio
de Inteligencia del Ejército –que pertenecían al escuadrón
de la muerte bautizado como Grupo Colina– fueron detenidos
por la Policía Nacional inmediatamente después de los sucesos.
Durante el proceso los acusados fueron absueltos. El dictamen
de los jueces argumentó que no había delito porque el "
terrorismo sólo puede ser cometido en contra el Estado".
Los policías que los detuvieron fueron sancionados y escarmentados.
En septiembre de
1997 el propietario de Canal 2, Baruch Ivcher, fue despojado
de la nacionalidad peruana. Con el pretexto de que no es peruano,
le usurparon sus derechos de propiedad. El programa periodístico
de su canal, "Contrapunto", fue desactivado. Los periodistas
que valientemente habían denunciado y probado un sistemático
espionaje telefónico contra políticos, empresarios y periodistas
de oposición, además de torturas y asesinatos contra agentes
del SIN que se arrepintieron de colaborar con las atrocidades
del régimen, perdieron su trabajo.
A José Arrieta, jefe
de la unidad de investigación de Canal 2, le abrieron proceso
por infidencia en un Tribunal Militar. Arrieta tuvo que abandonar
el país y solicitar asilo político en los Estados Unidos.
Desde marzo de 1998,
los periodistas del diario La República Angel Páez, Edmundo
Cruz y Fernando Rospigliosi comenzaron a aparecer, involuntaria
e inconsultamente, en sendos suplementos especiales publicados
por diarios populares adictos y monitoreados por el gobierno.
El despliegue tenía
como objetivo desprestigiarlos profesionalmente sugiriendo,
a todo color, que eran traidores a la patria y agentes del ejército
del Ecuador. Con esa campaña pretendían descalificar artículos
escritos por ellos en los cuestionaban compras de armamento
y aviones de guerra, sin licitación, realizadas por las Fuerzas
Armadas y el Ministerio del Interior, así como planes secretos
de seguimiento contra políticos y periodistas opuestos al gobierno.
El conocimiento y
la publicación de uno de estos planes, el plan Bermuda –que
en clave quería decir ver muda a la prensa– salvó la vida
del periodista César Hildebrandt, crítico opositor que dirige
un exitoso programa de televisión, a quien el SIN planeaba asesinar.
El Instituto Prensa
y Sociedad IPYS, del Perú, registra rigurosamente cada uno de
los atentados, las amenazas y los abusos que se comenten contra
periodistas. La lista es cada vez más larga y alarmante.
La opinión pública
se entera intuitiva y parcialmente de la realidad que acosa
a la prensa peruana. Pero nadie desconoce en el país los afanes
y los éxitos del gobierno de Fujimori por controlar los medios
de comunicación nacional. En Perú la subversión ha sido prácticamente
replegada, pero el peligro para los periodistas se ha incrementado.
Cecilia
Valenzuela, periodista peruana. Su nombre recorrió
el mundo al publicar el resultado de una investigación en la
que cuestionaba la nacionalidad del presidente Alberto Fujimori.
