Pulso del Periodismo

ARCHIVO

Pulso Picture

Cuando un periodista traiciona a su fuente
Por John Virtue

El hecho de que un periodista tiene el deber ético de proteger la identidad de sus fuentes confidenciales es el centro de un juicio pendiente en los tribunales de los Estados Unidos. El caso tuvo sus orígenes en un reportaje investigativo sobre las prácticas de negocio de una compañía de los Estados Unidos en Latinoamérica.

Es difícil que pase un año sin que un periodista estadounidense vaya a la cárcel por negarse a cumplir la orden de un juez de revelar el nombre de su fuente. Inevitablemente, el periodista prefiere ir a la cárcel antes que romper la promesa de proteger la identidad de la fuente.

Las cosas no fueron así cuando Michael Gallagher, entonces reportero de The Cincinnati Enquirer, dio a conocer la fuente de un reportaje investigativo sobre las operaciones de Chiquita Brands International en Colombia y Centroamérica.

Ahora su fuente, George Ventura, exabogado de Chiquita, tendrá que presentarse dentro de unos meses a un juicio que podría llevarlo a la cárcel por 12 años y medio. El estado de Ohio acusa a Ventura de entregarle a Gallagher claves para escuchar mensajes telefónicos, y de darle acceso a información almacenada en computadoras sobre funcionarios de Chiquita, lo que le permitió al reportero obtener datos confidenciales sobre la compañía. Al igual que el periódico, Chiquita tiene su sede en Cincinnati, y es una de las mayores y más influyentes compañías del estado.

(La guerra bananera que los Estados Unidos ha llevado con la Unión Europea debido a la preferencia que se les ha dado a las bananas provenientes de las antiguas colonias europeas en el Caribe, fue conducida fundamentalmente a instancias de Chiquita Brands International.)

Ventura, que fungió como abogado de Chiquita en Ecuador y Honduras de 1991 a 1995, piensa preparar una defensa original. Sus abogados alegarán que la "ley escudo" de Ohio, diseñada para proteger a los periodistas de tener que revelar a sus fuentes, debe servir para impedir que Gallagher testifique contra Ventura.

El reportaje de 18 páginas preparado por Gallagher y publicado en mayo pasado, acusaba a Chiquita Brands International entre otras cosas de sobornos en Colombia, de operarar ilegalmente compañías en Guatemala y Honduras, y de exponer a las personas a sustancias tóxicas en Costa Rica. Gallagher citó al pie de la letra conversaciones incriminatorias, tomadas de mensajes telefónicos que escuchó. Dos meses después de la publicación, el periódico, propiedad de Gannett Company, dejó estupefactos a los medios de prensa al despedir a Gallagher y publicar una nota de una página en la que le pedía disculpas a Chiquita y aceptaba pagar un acuerdo extrajudicial de 10 millones de dólares.

Ante la posibilidad de ir a la cárcel por un largo período de tiempo, Gallagher, quien le había prometido a Ventura mantener su nombre en el anonimato, se declaró culpable de dos delitos federales por acceder indebidamente a comunicaciones internas de Chiquita, y aceptó a prestar testimonio contra el abogado.

La decisión de Gallagher ha dejado boquiabiertos a los periodistas y sus organizaciones, quienes consideran que el mantener el anonimato de las fuentes confidenciales es un aspecto vital para el periodismo de investigación y para poder cumplir con el papel de vigilante de los derechos de los ciudadanos y de la democracia, que le corresponde a la prensa. Steve Weinberg, quien en ese momento era director ejecutivo de Investigative Reporters and Editors, una organización periodística estadounidense con miembros en muchos países latinoamericanos, dijo en una declaración jurada presentada a favor de Ventura, que revelar las fuentes es una amenazaba contra la capacidad de la prensa de llevar a cabo su trabajo.

"Si los periodistas investigativos violan esos pactos y todo el mundo se entera de eso, los periodistas de cualquier parte quedarán perjudicados", dijo. "En el fondo, también lo estarán el resto de los ciudadanos que dependen de los periodistas investigativos para que se den a conocer los malos pasos dentro del sector público y privado de la sociedad", afirmó.

En otra declaración jurada, Sandra Davidson, profesora de periodismo de la Universidad de Cincinnati, dijo que las fuentes se mostrarían renuentes a hablar con los periodistas debido a la actitud asumida por Gallagher. "Si se consumen las fuentes de información, entonces se desploma el funcionamiento de todo el sistema", comentó.

En un editorial publicado el 7 de abril, The New York Times dijo:

"En realidad el señor Gallagher tiene todo el derecho de preparar una vigorosa defensa, pero su decisión de revelar las fuentes traiciona el código más básico de lo que indudablemente es ahora su antigua profesión. El acuerdo entre una fuente y un periodista es uno de los lazos sagrados que existen, y en muchas ocasiones los reporteros han preferido ir a la cárcel para cumplir con un acuerdo como ese."

En octubre de 1997 Gallagher le dijo a sus jefes que tenía acceso a los mensajes telefónicos de Chiquita. Los abogados del diario le aconsejaron que dejara de hacerlo porque estaba violando la ley federal. Pero Gallagher continuó haciéndolo.

Según un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, un periodista debe responder a una citación judicial. Y es por eso que pueden ser enviados a la cárcel si se niegan a revelar la identidad de una fuente. Sin embargo, en 1991 la misma corte estableció que una promesa de anonimato es un acuerdo de caballeros, con estatus legal de contrato. Esa decisión se tomó después de que el Minneapolis Star Tribune identificó a una de sus fuentes: un publicista del Partido Republicano. Bajo promesa de anonimato, el publicista le dijo un reportero que uno de los candidatos demócratas a la gobernatura de Minnesota había sido arrestado por robar en una tienda cuando era un jovencito. El director del periódico dio a conocer el nombre del individuo porque consideraba que la historia era asunto de politiquería sucia. El publicista fue despedido, pero más tarde ganó una demanda judicial contra el periódico por violación de contrato.

Irónicamente Ventura, el exabogado de Chiquita, podrá demandar a Gallagher y al Cincinnati Enquirer por una violación similar de contrato.

Pero el daño al periodismo de investigación ya está hecho, y no solo en los Estados Unidos.


(John Virtue, editor de Pulso y subdirector del Centro de Prensa Internacional de la Universidad Internacional de la Florida. Durante 17 años trabajó con United Press International (UPI) en Latinoamérica. En 1982 asumió la dirección de el diario El Mundo, de San Juan, Puerto Rico.)

(28 de abril de 1999)

 

 

CENTRO INTERNACIONAL DE PRENSA
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA FLORIDA, MIAMI - 2000