Cuando
un periodista traiciona a su fuente
Por
John Virtue
El hecho de que un periodista tiene el deber ético de proteger
la identidad de sus fuentes confidenciales es el centro de un
juicio pendiente en los tribunales de los Estados Unidos. El caso
tuvo sus orígenes en un reportaje investigativo sobre las
prácticas de negocio de una compañía de los
Estados Unidos en Latinoamérica.
Es difícil
que pase un año sin que un periodista estadounidense vaya
a la
cárcel
por negarse a cumplir la orden de un juez de revelar el nombre
de su fuente. Inevitablemente, el periodista prefiere ir a la
cárcel antes que romper la promesa de proteger la identidad
de la fuente.
Las cosas no fueron
así cuando Michael Gallagher, entonces reportero de The
Cincinnati Enquirer, dio a conocer la fuente de un reportaje
investigativo sobre las operaciones de Chiquita Brands International
en Colombia y Centroamérica.
Ahora su fuente, George
Ventura, exabogado de Chiquita, tendrá que presentarse
dentro de unos meses a un juicio que podría llevarlo a
la cárcel por 12 años y medio. El estado de Ohio
acusa a Ventura de entregarle a Gallagher claves para escuchar
mensajes telefónicos, y de darle acceso a información
almacenada en computadoras sobre funcionarios de Chiquita, lo
que le permitió al reportero obtener datos confidenciales
sobre la compañía. Al igual que el periódico,
Chiquita tiene su sede en Cincinnati, y es una de las mayores
y más influyentes compañías del estado.
(La guerra bananera
que los Estados Unidos ha llevado con la Unión Europea
debido a la preferencia que se les ha dado a las bananas provenientes
de las antiguas colonias europeas en el Caribe, fue conducida
fundamentalmente a instancias de Chiquita Brands International.)
Ventura, que fungió
como abogado de Chiquita en Ecuador y Honduras de 1991 a 1995,
piensa preparar una defensa original. Sus abogados alegarán
que la "ley escudo" de Ohio, diseñada para proteger
a los periodistas de tener que revelar a sus fuentes, debe servir
para impedir que Gallagher testifique contra Ventura.
El reportaje de 18
páginas preparado por Gallagher y publicado en mayo pasado,
acusaba a Chiquita Brands International entre otras cosas de sobornos
en Colombia, de operarar ilegalmente compañías en
Guatemala y Honduras, y de exponer a las personas a sustancias
tóxicas en Costa Rica. Gallagher citó al pie de
la letra conversaciones incriminatorias, tomadas de mensajes telefónicos
que escuchó. Dos meses después de la publicación,
el periódico, propiedad de Gannett Company, dejó
estupefactos a los medios de prensa al despedir a Gallagher y
publicar una nota de una página en la que le pedía
disculpas a Chiquita y aceptaba pagar un acuerdo extrajudicial
de 10 millones de dólares.
Ante la posibilidad
de ir a la cárcel por un largo período de tiempo,
Gallagher, quien le había prometido a Ventura mantener
su nombre en el anonimato, se declaró culpable de dos delitos
federales por acceder indebidamente a comunicaciones internas
de Chiquita, y aceptó a prestar testimonio contra el abogado.
La decisión
de Gallagher ha dejado boquiabiertos a los periodistas y sus organizaciones,
quienes consideran que el mantener el anonimato de las fuentes
confidenciales es un aspecto vital para el periodismo de investigación
y para poder cumplir con el papel de vigilante de los derechos
de los ciudadanos y de la democracia, que le corresponde a la
prensa. Steve Weinberg, quien en ese momento era director ejecutivo
de Investigative Reporters and Editors,
una organización periodística estadounidense con
miembros en muchos países latinoamericanos, dijo en una
declaración jurada presentada a favor de Ventura, que revelar
las fuentes es una amenazaba contra la capacidad de la prensa
de llevar a cabo su trabajo.
"Si los periodistas
investigativos violan esos pactos y todo el mundo se entera de
eso, los periodistas de cualquier parte quedarán perjudicados",
dijo. "En el fondo, también lo estarán el resto
de los ciudadanos que dependen de los periodistas investigativos
para que se den a conocer los malos pasos dentro del sector público
y privado de la sociedad", afirmó.
En otra declaración
jurada, Sandra Davidson, profesora de periodismo de la Universidad
de Cincinnati, dijo que las fuentes se mostrarían renuentes
a hablar con los periodistas debido a la actitud asumida por Gallagher.
"Si se consumen las fuentes de información, entonces
se desploma el funcionamiento de todo el sistema", comentó.
En un editorial publicado
el 7 de abril, The New York Times dijo:
"En realidad
el señor Gallagher tiene todo el derecho de preparar una
vigorosa defensa, pero su decisión de revelar las fuentes
traiciona el código más básico de lo que
indudablemente es ahora su antigua profesión. El acuerdo
entre una fuente y un periodista es uno de los lazos sagrados
que existen, y en muchas ocasiones los reporteros han preferido
ir a la cárcel para cumplir con un acuerdo como ese."
En octubre de 1997
Gallagher le dijo a sus jefes que tenía acceso a los mensajes
telefónicos de Chiquita. Los abogados del diario le aconsejaron
que dejara de hacerlo porque estaba violando la ley federal. Pero
Gallagher continuó haciéndolo.
Según un fallo
de la Corte Suprema de los Estados Unidos, un periodista debe
responder a una citación judicial. Y es por eso que pueden
ser enviados a la cárcel si se niegan a revelar la identidad
de una fuente. Sin embargo, en 1991 la misma corte estableció
que una promesa de anonimato es un acuerdo de caballeros, con
estatus legal de contrato. Esa decisión se tomó
después de que el Minneapolis Star Tribune identificó
a una de sus fuentes: un publicista del Partido Republicano. Bajo
promesa de anonimato, el publicista le dijo un reportero que uno
de los candidatos demócratas a la gobernatura de Minnesota
había sido arrestado por robar en una tienda cuando era
un jovencito. El director del periódico dio a conocer el
nombre del individuo porque consideraba que la historia era asunto
de politiquería sucia. El publicista fue despedido, pero
más tarde ganó una demanda judicial contra el periódico
por violación de contrato.
Irónicamente
Ventura, el exabogado de Chiquita, podrá demandar a Gallagher
y al Cincinnati Enquirer por una violación similar de contrato.
Pero el daño
al periodismo de investigación ya está hecho, y
no solo en los Estados Unidos.
(John Virtue,
editor de Pulso y subdirector del Centro de Prensa Internacional
de la Universidad Internacional de la Florida. Durante 17 años
trabajó con United Press International (UPI) en Latinoamérica.
En 1982 asumió la dirección de el diario El Mundo,
de San Juan, Puerto Rico.)
(28
de abril de 1999)