Indignación y extrañeza fue lo que imperó en la mayoría de los lectores del periódico La Nación, de Costa Rica, la mañana del pasado 22 de octubre. ¿El motivo? Descubrir que las 12 primeras páginas destinadas a información nacional e interés general fueron utilizadas para dar cabida a un fallo condenatorio dictado por el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José en contra de este medio de comunicación.

Los 114 folios de la extensa sentencia no tienen antecedentes en la historia de este país conocido mundialmente por su democracia y por la libertad de expresión de la que gozan sus ciudadanos. ¿Pero cuál fue el pecado? Simplemente ejercer un derecho de todo periodista: darles a conocer a los ciudadanos el resultado de una investigación sobre el uso indebido de recursos públicos.

En 1997, dos periodistas de La Nación investigaron e informaron a los lectores sobre el uso de armas oficiales y de un automóvil gubernamental por parte de un exfuncionario público. Pese a que el artículo fue respaldado por una investigación seria, ambos periodistas y el director del diario fueron acusados de supuestos delitos de calumnia y difamación. Aunque finalmente resultaron absueltos de ambos cargos, se les condenó por injuria, un delito que el querellante ni siquiera había planteado. Además, se exigió la publicación de la sentencia en las 12 primeras páginas del periódico.

El 22 de octubre, en una carta a los lectores, Eduardo Ulibarri, director de La Nación, manifestó algunos puntos de vista importantes para quienes ejercemos el periodismo: “Con esta sentencia se ha cometido un grave error; peor todavía, se ha causado un severo daño al periodismo y al ejercicio democrático en el país. En lo personal (sentimiento que comparto con mis colegas Moya y Guevara) me causa gran pesadumbre enfrentar una condena penal por ejercer mi profesión con honestidad y sentido de responsabilidad. Que así sea en un país libre resulta un trágico contrasentido, una ineludible señal de alarma. Pero lo que más me preocupa, y sobre lo que deseo que usted reflexione, son los efectos que todo esto tendrá para el país y para su condición como sociedad abierta, compuesta de ciudadanos bien informados y libres de sus actos, pensamientos y expresiones.”

“También me preocupa, al igual que a muchos otros colegas responsables, que, al contrario de tantas democracias, todavía nuestra legislación ubique en el campo del delito penal temas que, como las opiniones y expresiones, pertenecen al ámbito civil y, más aún, al constitucional, por referirse a derechos individuales y ciudadanos básicos.”

“Esta sentencia desmesurada la hemos cumplido, pero bajo la protesta a la que nuestra condición de ciudadanos libres nos da derecho. La única esperanza es que sirva como una llamada de atención para usted y muchas otras personas, y que surja un movimiento de opinión vigoroso a favor del ejercicio libre de la información y la crítica. Nunca debemos olvidar, como alguna vez dijo Thomas Jefferson, que “el precio de la libertad es la vigilancia eterna”.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que en el propio mes de octubre se había reunido en Houston, Texas, para celebrar su asamblea anual, envió una carta de protesta y mostró preocupación por el singular precedente para la libertad de prensa que estableció la sentencia en mención.

Políticos y periodistas de otros medios también demostraron su solidaridad con La Nación. Daniel Gallardo, jefe de la facción legislativa del Partido Liberación Nacional (PLN), manifestó que “impulsará una comisión mixta, formada por diputados, periodistas y representantes de los medios de comunicación, para buscar acuerdos de consenso sobre los cambios que se requieren para modernizar las leyes de prensa”. Por su parte Eliseo Vargas, jefe de la bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) dijo: “La prensa es parte del control en todos los ámbitos de la vida nacional. Entre más amplia sea la posibilidad de que exista ese control en el quehacer nacional, más se fundamenta la libertad de prensa”.

La Defensora de los Habitantes, Sandra Piszk, comentó que “los costarricenses tienen derecho absoluto de conocer las acciones de los funcionarios públicos, además de que es un principio que éstos rindan cuentas y que la prensa informe. La Defensoría propugna por todo lo  que significa transparencia y rendición de cuentas”.

Colegas de diferentes medios también mostraron preocupación por las consecuencias que este fallo puede traer. Marielos Gutiérrez, directora de Noticias Monumental; William Gómez, director del diario Extra; Greivin Moya, jefe de información de Hechos, Canal 4, coincidieron en que este tipo de precedentes daña la imagen del país ante el mundo y que sienta un precedente de temor cuando un periodista trate de denunciar situaciones similares.

Finalmente, Enrique Villalobos, presidente del Colegio de Periodistas manifestó: “Con este fallo, esta vez se vio afectado un medio escrito serio y de trayectoria. La Nación por ser un medio fuerte, pudo salir adelante con el pago de la sentencia pero qué hubiera pasado si esto le ocurre a otro periódico más pequeño. El impacto económico sería catastrófico.” Villalobos también comentó que debería replantearse en la ley si en delitos contra el honor se debe publicar toda la sentencia.