Un juez haciendo
el amor en su despacho. Otro juez negociando a través de un
celular con una banda de criminales en el presidio. Un tercero
que vendió o se apropió de un lote de armas que eran pieza de
convicción de varios juicios.
Esa es la realidad
de la justicia hondureña que muy pocos se atreven a contar,
a no ser unos tres o cuatro periodistas de San Pedro Sula –la
segunda ciudad en importancia de Honduras– y en la capital,
Tegucigalpa. Estos periodistas se erigen hoy como los defensores
de una población indefensa ante la tupida maraña de corrupción
que corroe el Poder Judicial, desde el más avispado escribiente
de un juzgado hasta las altas esferas de la Corte Suprema de
Justicia.
Aunque las autoridades
lo niegan oficialmente, existe una presión directa e indirecta
contra los medios de prensa y los periodistas hondureños que
se atreven a denunciar los malos pasos y los escandalosos negocios
que se incuban tras los muros de las prisiones o en las oficinas
de algunos jueces que manejan procesos civiles y criminales.
Los mecanismos para
callar a la prensa llegan regularmente por tres vías: la intimidación
velada o abierta, el soborno o la entrega de favores y privilegios.
Cuando no hay formas de detener las denuncias, se incoan juicios.
Arnulfo Aguilar y
Serapio Umanzor, ambos periodistas del diario La Prensa,
de San Pedro Sula; Luis Alfredo Martínez, hoy en la agencia
ACAN (Agencia Centroamericana de Noticias), y Sandra Maribel
Sánchez, de Radio América, son algunos de los comunicadores
que tienen procesos pendientes en los tribunales hondureños.
En Honduras, la Ley
de Emisión del Pensamiento supuestamente protege la libertad
de información. Sin embargo, en la práctica es solo papel mojado:
ni los propios medios de comunicación la respetan.
El artículo 2 de
esta ley dice textualmente: "La libertad de expresión del
pensamiento e información son inviolables. Este derecho incluye
el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar
y recibir informaciones y de transmitirlas y difundirlas por
cualquier medio de expresión".
Se presume también
que la ley fundamental, la Constitución de la República de Honduras,
protege el derecho a informar. Dice el artículo 72: "Es
libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión
sin previa censura". La interpretación que se da a este
artículo es que existe responsabilidad para los que abusen de
este derecho, lo restrinjan o impidan su aplicación.
Arnulfo Aguilar,
tal vez uno de los periodistas más perseguidos por el sistema
judicial hondureño por denunciar y provocar la destitución de
más de 60 funcionarios judiciales en tres administraciones,
mantiene en estos momentos con un pie afuera y un juicio en
la espalda al actual tribunal supremo por dos nombramientos
irregulares sancionados por el Código Penal vigente.
En Honduras los nombramientos
de jueces corresponden al pleno de la Corte Suprema de Justicia,
pero en el último período de gobierno este cuerpo jurídico –en
un hecho sin precedentes– ha delegado en su presidente,
Oscar Armando Avila, la firma de los acuerdos de contratación
y separación del personal del Poder Judicial.
El
año pasado, Aguilar pudo investigar que dos funcionarios, uno
del Juzgado Primero de Letras de lo Criminal y otro de la Inspectoría
de Juzgados y Tribunales de la costa norte, habían sido colocados
ilegalmente en esos cargos.
Estas dos personas
son Crescencio Rodríguez, que llegó a ser juez del mismo juzgado
donde está procesado y goza de libertad bajo fianza por la comisión
de dos delitos de orden público; y Jesman Madrid, quien había
sido nombrado subinspector sin haber recibido el título como
licenciado en Derecho, uno de los cuatro requisitos elementales
para ocupar el delicado cargo.
Arnulfo
Aguilar
A raíz de la investigación
periodística sobre la pérdida de un juego de tarjetas de crédito,
piezas de convicción contra un grupo de narcotraficantes polacos,
Aguilar mantuvo una confrontación pública con la jueza Marta
Merino, la que como epílogo del altercado abrió un juicio contra
él por desacato o falta de respeto a la autoridad.
"El juicio en
mi contra comenzó en agosto de 1998 por denunciar a una jueza,
Marta Delia Merino, por la pérdida de varias tarjetas de crédito
y posterior liberación de sus propietarios", dijo Arnulfo
Aguilar. "Eran narcotraficantes extranjeros, de esos que
casi no calientan las tarimas de las cárceles hondureñas".
El proceso no ha
seguido su curso normal porque en los tribunales sampedranos
lo han movido conforme a los intereses del Poder Judicial. Por
esta razón, una barra de abogados considera que este juicio
no tiene garantía de imparcialidad porque quien lo patrocina
es el sistema que persigue e intimida al investigador.
El exmagistrado Saúl
Muñoz Orellana, refiriéndose a la "cacería" contra
Aguilar, dijo que "es lamentable que la justicia se utilice
para reprimir a quienes vigilan por su correcta aplicación".
A criterio de este
experimentado jurista, en Honduras "los jueces no temen
tanto a la ley sino a la información periodística. Ellos son
capaces de hacer y retorcer la ley, pero se contienen ante la
presencia de la prensa".
Como efecto del escándalo
de corrupción, insostenible para la Corte Suprema, la licenciada
Merino –que había sido aplazada en su examen para obtener
el título de abogada– finalmente fue reubicada como relatora
de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula.
Merino ha sido cuestionada
por varios casos que instruyó en su juzgado, incluyendo el de
un empresario nicaragüense acusado de una estafa millonaria.
El inversionista extranjero, identificado como Carlos Humberto
Cantor González, a pesar de enfrentar dos procesos, fue liberado
por Merino por uno de los delitos, pero ella extrañamente no
notificó al penal que tenía otros cargos pendientes. Cantor
González salió del presidio sampedrano en un carro con vidrios
polarizados, abordó un helicóptero que lo esperaba en un punto
de la ciudad y se largó de Honduras.
Pero quizá una de
las destituciones que no olvida el presidente de la Corte, el
abogado Avila Banegas, es la de su ex esposa Elizabeth Gatica,
que fungió como jueza de Menores y que fue investigada profusamente
por la prensa, especialmente por el reportero Aguilar, hasta
que Gatica cayó del cargo.
Ella fue sometida
a una pesquiza por denuncia de pagos irregulares a cambio de
la liberación de adolescentes infrasctores. En 1997, la señora
Sandra Green, la enfrentó públicamente en su despacho en presencia
de los periodistas exigiéndole la devolución de una bicoca de
lempiras por negarle la libertad de su hijo, detenido por delitos
comunes.
Estas denuncias arrastran
la aversión que demuestra Avila Banegas hacia los periodistas
que critican el sistema de administración de la justicia.
El magistrado cree
que el diario La Prensa ha desatado "una campaña
de difamación sin precedentes contra la Corte Suprema en general
y el presidente de la misma en particular".
En un campo pagado
que apareció en los demás medios escritos (una carta al director
de Nelson Fernández, director de La Prensa, la Corte
Suprema niega que maneje el sistema judicial como a un feudo
y sin ninguna ética.
La nota alega que
la conducta de los magistrados es "bien intencionada y
no la que tratan de imputarles desde su medio escrito, haciendo
denotar extremos injuriosos en contra de la dignidad personal
y profesional de los honorables miembros del Alto Tribunal".
Tierras en
conflicto
El 11 de marzo de
1998, bajo el título de "Tierras en Conflicto", Serapio
Umanzor, también periodista de La Prensa, publicó un
reportaje sobre un conflicto de posesión de tierras en el municipio
de San Manuel, situado a uno 20 kilómetros de San Pedro Sula.
La historia se refería
a la venta de 13 manzanas de tierra, por parte del Ayuntamiento
local, a Francisco Herrera Doninelli, diputado al Congreso Nacional,
por la irrisoria suma de 5,000 lempiras. Una década atrás, el
Instituto Nacional Agrario (INA), había negociado la misma propiedad
con el señor Jorge Abufele por 300 mil lempiras, cuando el radio
urbano de la ciudad no se había extendido.
Umanzor puso de manifiesto
en su trabajo periodístico –y probó con documentos–
que la familia Herrera Donineli utilizó sus influencias políticas
para comprar la tierra subvaluada, a pesar de su alta plusvalía.
Sabiendo lo anterior, y ante el intento de la alcaldía de recuperar
los terrenos, los Herrera se apresuraron a vender el ejido a
un grupo de cooperativistas.
Además, por ese tiempo
uno de los miembros de la familia Herrera, Everton Herrera,
era magistrado de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula.
Abufele presume que este hecho influyó en la transacción.
Como resultado de
la investigación, el periodista Umanzor tiene pendiente un proceso
en el Juzgado Tercero de Letras de lo Criminal de San Pedro
Sula por difamación y calumnias.
El comunicador estima
que la acción se deriva de dos factores: primero, la diligencia
de querer demostrar una verdad inexistente por parte de la familia
Herrera en su contra; y segundo, la prestancia del Poder Judicial
para reprimir a los periodistas y al medio que ha dado paso
a las investigaciones.
En este caso, los
jueces que instruyen la causa ordenaron una intervención de
los libros contables, los archivos, bancos de información y
exhibición de documentos al diario La Prensa. Asimismo,
coercitivamente, han exigido a los ejecutivos del periódico
testimonios para que revelen las fuentes que nutrieron el reportaje
del periodista.
Ambos casos –el
de Aguilar y Umanzor– fueron denunciados ante el directorio
de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
La Prensa
dijo el 8 de diciembre de 1998 en un editorial que "se
sospecha que mediante influencias políticas, los jueces de San
Pedro Sula han continuado las acciones procesales contra los
periodistas, aparte que los magistrados, encabezados por Avila
Banegas, han dado el visto bueno para que se reprima la libertad
de investigación periodística y se persiga a todo aquel que
esté opuesto a la corrupción desmedida del sistema judicial..."
El diario –el
más influyente de Honduras– lamenta en el mismo artículo
que el Colegio de Periodistas no se haya pronunciado sobre ambos
casos.
De cualquier forma,
la represión procesal contra la prensa ha minado en Honduras
el impulso del nuevo periodismo por iniciar investigaciones
de la misma índole, por temor a ser llevados a los tribunales
y consecuentemente a la cárcel.
Lo cierto es que
si los medios de difusión no cierran filas ante este ataque
sistemático, la situación podría tornarse peligrosa y caótica
en el próximo milenio contra el derecho de la ciudadanía de
informarse de lo que hacen los funcionarios públicos.
Wilmer
Pérez Regalado es periodista y analista independiente.
