La
hora de la cordura
Por
Raymundo Riva Palacio
Una nueva fase
en la desordenada reorganización y desarrollo de los medios
de comunicación mexicanos se encuentra en un apogeo que ha
despertado pasiones y exacerbado las relaciones de la prensa
con el poder. Se trata de un recurso que por años se ha utilizado
en diversas naciones y forma parte de la vida cotidiana en
las relaciones de la prensa con sus interlocutores: la utilización
de la ley para evitar los abusos de la prensa y, al mismo
tiempo, salvaguardar la libertad de expresión.
Los medios mexicanos
fueron durante décadas órganos de difusión de sucesivos gobiernos,
y con sus excepciones, como Excélsior en los finales
de los sesentas y los setentas, unomásuno, a fines
de los setentas y los primeros años de los ochentas; La
Jornada y El Financiero, de los ochentas a la fecha;
Reforma, desde hace cinco años, y un racimo de medios
fuera de la Ciudad de México, como El Diario de
Yucatán, El Norte, de Monterrey, A.M., de
León. El Imparcial de Hermosillo y Zeta de Tijuana,
por señalar los más significativos en los últimos años sirvieron
de altoparlantes a los designios del presidente en turno.
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| Las
negociaciones con el EZLN y la crisis mexicana permitieron
que a partir de 1994 se aflojara el control que existía
sobre los medios mexicanos. |
Esa lógica de la
interdependencia con el poder –porque a informaciones
progubernamentales se respondía con publicidad oficial que
hacía de medios con baja circulación negocios altamente redituables–
se empezó a romper, paradójicamente, a partir del poder mismo
en 1994, el año de los paradigmas de la política mexicana.
Ese 1994 comenzó
con la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
en Chiapas, un alzamiento indígena que catalizó la inconformidad
de millones de mexicanos y que ha dado viabilidad a una guerra
política en el país. Y en marzo asesinaron al candidato del
PRI a la Presidencia, Luis Donaldo Colosio, en un magnicidio
similar al ocurrido en 1928 cuando al presidente electo Alvaro
Obregón lo asesinaron, con lo que para evitar que los conflictos
políticos se resolvieran con sangre y fuego, se crearon las
instituciones nacionales que fueron la fundación del actual
sistema político mexicano.
Estos golpes traumáticos
para el gobierno del entonces presidente Carlos Salinas lo
fueron llevando a cancelar abruptamente muchos de los controles
que habían ejercido sobre la prensa mexicana. Primero, con
la insurrección zapatista y el asesinato de Colosio, Salinas
se preocupó más de evitar que el levantamiento se generalizara
en otras regiones del país en similares condiciones de marginación
que llevara a una incertidumbre económica que golpeara mortalmente
su proyecto neoliberal. Su estrategia de negociación con el
EZLN y el capital político que comprometió con Estados Unidos
para tener su apoyo financiero, tenían como objetivo realizar
elecciones presidenciales limpias en agosto de 1994. En ese
momento el control de los medios de comunicación era marginal,
comparado con los "amarres" políticos y financieros
que tenía que hacer dentro y fuera de México para evitar su
colapso.
Ahí comenzó una
fiesta para los medios mexicanos, quienes desde entonces,
en palabras del historiador mexicano Héctor Aguilar Camín,
tuvieron una "borrachera democrática". Los medios
que antes de 1994 no se atrevían a guardar una distancia crítica
ante el poder, lo empezaron a hacer. La radio comenzó a abrir
sus micrófonos a voces disidentes y hasta la televisión, el
medio más controlado de México, empezó a dar imagen a figuras
de la oposición. Pero ninguno de los medios aprovechó mejor
la coyuntura que la prensa escrita.
El balance en este
primer quinquenio no ha sido positivo. Con el pretexto de
periodismo de investigación y la búsqueda de competencia a
partir del escándalo irrumpieron en la vida privada de las
personas, lanzaron acusaciones sin pruebas, –o sea, difamando–,
destruyeron famas públicas y prestigios profesionales, sin
tener, en un gran número de casos, la documentación necesaria
para apoyar sus latigazos. La anarquía política se empezó
a medir en líneas agatas y puntos en los cabezales.
Para los interlocutores
de la prensa, la situación se volvió hostil, con gran frustración
y mucha impotencia. Pero empresarios y políticos, aún dentro
del clima de confusión que ha prevalecido desde 1994, empezaron
a hacer uso del recurso legal como una herramienta limitada
de defensa. Ricardo Salinas, presidente de Televisión Azteca,
la segunda empresa de comunicación del país, interpuso más
de 60 demandas contra reporteros y comentaristas por difamación;
Francisco Galindo Ochoa, exvocero presidencial, demandó a
Reforma porque lo identificó como narcotraficante sin
prueba alguna. Y en el caso más público que se ha dado, el
director de la carrera de Comunicación de la Universidad Iberoamericana,
José Carreño Carión, viejo periodista y exvocero del entonces
presidente Salinas, demandó a dos columnistas del periódico
El Universal, acusándolos de difamación.
En cada uno de
estos tres casos, la verdad jurídica se inclina hacia los
demandantes. La verdad política, empero, está tan dividida
que no se ha dado solución alguna a ninguna de las querellas,
pese a que algunas llevan más de tres años sentadas en los
tribunales. Las demandas, particularmente contra los dos columnistas
de El Universal, han polarizado el ambiente por una
politización del conflicto. En esta lógica, la demanda de
Carreño Carión es importante, no por la búsqueda de la autorregulación
de los medios mexicanos –que ha fracasado cada vez que
se ha intentado en los 20 últimos años–, sino porque
trabajó con Salinas, es su amigo y, por ende, todo lo que
haga es parte de un proyecto político salinista para retomar
el poder en México.
Por absurdo que
parezca, esa es la línea de pensamiento recurrente que divide
a la opinión pública y a la opinión política con un abismo
imposible de sortear. La politización ha tomado posturas tan
radicales que no es fortuito que los jueces no hayan emitido
veredictos sobre los casos de difamación. Pero, sobre todo,
ha escondido uno de los grandes problemas que enfrentan los
medios mexicanos, la falta de autorregulación que minimice
los riesgos de mentir o difamar, y de una ley que, al mismo
tiempo, cree un escudo de protección contra los embates de
los poderosos.
En términos de
leyes, México es una nación brutalmente atrasada. De acuerdo
con el Programa Iberoamericano de Derecho de la Información,
de la Universidad Iberoamericana, el resultado de un análisis
de la legislación constitucional y secundaria en 189 países,
México está ubicado en el lugar 182, con una Constitución
"decimonónica" en materia de libertades informativas,
y más atrasada que constituciones de países del entorno, como
la de Haití, que incluye el decreto profesional del periodista
como derecho fundamental, o Guatemala, que tiene un importante
desarrollo constitucional en esa material.
La politización
de aspectos filosóficos como la ética periodística, o de temas
más bien vinculados a la técnica de la profesión, ha impedido
que se pueda avanzar en la construcción de mejores medios
de comunicación mexicanos. Lo que prevalece en realidad, es
la vieja cultura mexicana de cambiar para no cambiar, en una
tendencia que esconde el rechazo a modificar el status
quo de la prensa mexicana, de manera que quienes se rebelan
se convierten en casos de excepción y jamás de norma.
