Por el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP)

Para el análisis del ejercicio de la libertad de expresión en el país durante 1999 se abarcaron dos sectores, por un lado los hechos que afectaron al ámbito empresarial de los medios de comunicación, y por el otro, el de los periodistas, tanto durante el gobierno de Raúl Cubas Grau y el del Jefe de Estado actual, Luis González Macchi.

Mirada a los periodistas

Los periodistas soportaron luego de asumido el gobierno de González Macchi los mayores pisoteos a sus derechos humanos por el ejercicio de su labor profesional, en su mayoría en respuesta a la difusión de trabajos periodísticos. Durante el gobierno de Cubas Grau, los trabajadores de prensa sufrieron, sobre todo, agresiones físicas.

En el denominado Marzo Paraguayo, del 23 al 28 de dicho mes, sobresalió el aporte de los comunicadores sociales en pro de la democracia, cumpliendo intensas jornadas de trabajo a fin de transmitir paso a paso a la ciudadanía los hechos que iban aconteciendo ante la delicada situación política que se vivía en el país.

Querellas a periodistas

A nivel de querellas presentadas contra periodistas, el corresponsal del diario ABC Color en la ciudad de Pedro Juan Caballero, Cándido Figueredo fue querellado en lo criminal el 26 de agosto por Clarns Ufoch Odumodu, supuesto narcotraficante. La presentación se produjo luego de que el periodista se acercó a fotografiar e investigar el hipotético arribo de un cargamento de cocaína en la casa del extranjero.

Atentados contra periodistas

Dos hechos de atentados a periodistas ocurrieron en 1999. Uno de los casos fue en setiembre, cuando desconocidos balearon en la madrugada del 9 de setiembre la residencia de los periodistas Marlene Franco y Esteban Areco, integrantes del área Investigación del diario Noticias. Se desconoce el tema que originó este ataque con arma de fuego.

Periodistas detenidos

En 1999, después de ocho años volvió a registrarse la detención de periodistas a raíz del ejercicio profesional. Todos ellos acontecieron en el interior del país, donde surgen indicios de que los magistrados se excedieron en sus funciones ante las críticas a su labor, pisoteando las garantías constitucionales que amparan la libertad de opinar.

El primer caso de arresto fue el 14 de mayo y afectó a Camilo Cantero, periodista de Radio Libertad de San Ignacio, Misiones, y corresponsal del diario Ultima Hora en esa ciudad, donde el juez Mario Ignacio Maidana ordena la detención del periodista a raíz de un accidente de tránsito ocurrido meses atrás donde ya había un acuerdo de compensación de daños. Se cuestionó que este juez atendiera el expediente considerando su enemistad con el periodista por las críticas que éste realiza al accionar del magistrado.

Luego el mismo juez Maidana ordena el 28 de mayo la detención de Gerardo Balbiani, director del semanario La Jornada y de su administrador Gerónimo Ruíz, bajo el argumento de emisión de cheques sin fondo, que habían sido sustraídos y anulados. Según los afectados la orden fue dada porque el semanario mantiene una postura crítica contra el juez.

Otro caso en perjuicio de la labor periodística se produjo en Villarrica, el 22 de junio, ocasión en que la jueza Norma Jara de Benítez dispone el arresto disciplinario de los periodistas Norma Acuña y Secundino "Nino" Silguero, de Radio Panambí Verá, por haber cuestionado algunas decisiones de la magistrada. Esta medida, considerada un abuso de la jueza, se encuentra en etapa de apelación.

Intimidación a periodistas

La jueza Norma Jara de Benítez, dispuso el 2 de julio que se grabara por tres meses, de julio a setiembre, el programa de la tarde del periodista Secundino Silguero, de Radio Panambí Verá como parte de un expediente judicial del cual no forma parte el hombre de prensa. Aquí hubo una autorización del fiscal Carlos Alvarenga, quien como agente fiscal debió defender los intereses de la sociedad, en este caso el derecho a expresión. Esta decisión judicial fue a pocas semanas de haberse ordenado el arresto del mismo Silguero y de Norma Acuna, de Radio Panambí Verá.

Funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, en un vehículo de dicha institución, interceptaron el 17 de diciembre a Catalino Ibarra, corresponsal del diario ABC Color en Paraguarí. Fue frente al domicilio del corresponsal y le acorralaron para cuestionarle fuertemente por haber publicado que con máquinas de dicha institución del Estado realizan trabajos en casas particulares.

El 29 de diciembre, el periodista Alberto Ledesma al salir de su lugar de trabajo en su vehículo particular fue perseguido en un automóvil por Luis Panza, uno de los integrantes del grupo de adherentes al Partido Colorado que agredió a periodistas el 30 de noviembre, entre ellos Ledesma. Esta persecución fue por varias cuadras y fue protagonizada por una persona que estuvo en la cárcel y está con libertad condicional a raíz de la agresión protagonizada en contra de Ledesma y otros siete periodistas.

Amenazas a periodistas

Las amenazas de muerte afectaron a periodistas de la ciudad capital y en especial del interior, y hasta a una corresponsal en el exterior. Todos fueron durante el gobierno de González Macchi. Los casos fueron:

El periodista de Radio Libertad de San Ignacio, Misiones, Camilo Cantero así como otros funcionarios de la radio, recibieron el 31 de marzo amenazas telefónica anónimas de muerte, presumiblemente por la posición de la radioemisora por promover las movilizaciones ciudadanas en repudio al gobierno del expresidente Raúl Cubas Grau y de Lino Oviedo.

El periodista de Radio Uno de Asunción, Víctor Oporto, fue otro de los que recibió el 10 de agosto amenazas anónimas de muerte, que luego extendieron a su esposa, en estado de gravidez. Aconteció luego de difundir informaciones sobre la investigación del asesinato del vicepresidente de la República.

En Ciudad del Este, César Palacios, corresponsal, y Gustavo Nuñez, reportero gráfico, ambos del diario Noticias fueron amenazados por un desconocido en la vía pública, el 10 de octubre, de que verán las consecuencias en caso de que no cesen de publicar casos de corrupción en la aduana de Ciudad del Este, en especial de tabacos y electrodomésticos.

Agresiones a periodistas

Todas las agresiones a periodistas durante el ejercicio de su labor informativa se produjeron en la ciudad capital, en su mayor parte. También hubo algunos casos en el interior del país.

Durante la vigencia del gobierno de Cubas Grau, partidarios del General Lino Oviedo que estaban manifestándose a favor de Radio Montecarlo agredieron el 8 de febrero a la periodista de Radio Uno, Carolina Oddone y un reportero gráfico que se acercaron al lugar a realizar la cobertura.

Luego, durante el gobierno de González Macchi se registra el mayor número de agresiones a trabajadores de prensa. Los afectados fueron:

Fernando Ruíz Díaz, de Radio Uno, y Beatriz Maldonado, de Radio Cardinal, fueron agredidos el 31 de agosto por guardaespaldas del Ministro de Defensa Nacional, Nelson Argaña, e impidieron que los mismos realicen una cobertura en el local del movimiento de Reconciliación Colorada del Partido Colorado. El hecho fue frente al Ministro, quien no reaccionó.

Efectivos policiales y guardaespaldas del Ministro del Interior, Walter Bower que estaban en el hospital Emergencias Médicas golpearon el 3 de setiembre los rostros de reporteros y destruyeron equipos de camarógrafos que estaban cubriendo un accidente que sufrió un alto jefe policial. Los golpeados fueron Miguel Angel Cazal, reportero gráfico de El Popular, Oscar Villalba y Emilio Méndez, camarógrafo y reportero respectivamente de Canal 4, Roberto Britos y Juan Ruíz Díaz, camarógrafo y cronista de Canal 13.

El 21 de octubre, vecinos del barrio Costa Sosa de la ciudad de Luque agredieron físicamente a Miguel Espínola, corresponsal del diario Ultima Hora, y con un puñal destrozaron la rueda de su vehículo. Fue durante un acto de protesta de los vecinos por el traslado al barrio de la cárcel de menores y fue en reacción por un comentario del periodista en el diario en el que cuestionaba la postura intransigente de los vecinos.

En la ciudad de San Pedro de Ycuamandyyu, el 13 de noviembre hubo otra agresión a un periodista. En esta ocasión el golpeado fue Cristino Peralta, de la radio del lugar. Los golpes lo recibió de parte del gobernador César Alvarenga, quien además le destruyó su cámara fotográfica. Aconteció durante una cobertura de una intervención judicial en el local de la Gobernación, durante una manifestación de pobladores en la que se pidió la renuncia del Gobernador por malversación de fondos.

El 30 de noviembre se produjo la agresión de mayor envergadura a trabajadores de la prensa. En la madrugada de ese día, un grupo adherentes al Partido Colorado, en estado alcohólico, agredió a golpes a ocho trabajadores de prensa que estaban esperando en la calle la finalización de una negociación de autoridades del Gobierno con dirigentes sindicales para tratar de postergar una huelga de trabajadores del Estado. Los agresores también destruyeron equipos de trabajo, como cámaras fotográficas y cámaras de filmación. Los golpeados fueron: Carlos Sosa, periodista, y Gustavo Quintana, reportero gráfico, del diario Ultima Hora, Alberto Ledesma, periodista de Noticias, José Cardozo, periodista de ABC Color, Julio Lezcano y Nivaldo Villalba, del Canal 4 Telefuturo, Juan Ruíz Díaz, de Canal 13, y Mario Bracho, de Canal 9. Los afectados, bajo patrocinio del SPP, iniciaron una querella contra los autores y cómplices de los hechos punibles contra la persona, la vida, la seguridad, integridad y bienes de las personas.

Entre los denunciados como integrantes del grupo de agresores están dos funcionarios del Ministerio del Interior, quienes luego convocaron a una reunión de prensa frente al local del SPP para desmentir que hubiesen participado de la agresión. Esta situación fue considerada como una provocación de estos funcionarios del Estado a crear incidentes con integrantes del SPP.

El 7 de diciembre, a la noche, guardaespaldas del Presidente de la República, Luis González Macchi y del Ministro de Defensa Nacional, Nelson Argaña, y grupos de "Servidores" de la Iglesia Católica, a empujones y golpes impidieron a trabajadores de prensa- camarógrafos, fotógrafos y periodistas- que cumplan con su tarea periodística durante la misa central en la Basílica de Caacupé, y a la vez evitaron que intentaran entrevistar a dichas autoridades al final de la misa.

Gabriel Alfonso, corresponsal del diario Noticias en Ayolas fue agredido el 11 de diciembre por el Coronel Numan Arrechea en el momento en que sacaba algunas tomas fotográficas de una intervención policial y judicial a la estancia de dicho militar, en búsqueda de una pista ilegal de aviación.

El cronista de Radio Cardinal y Canal 13, Domingo Delvalle fue agredido el 13 de diciembre por un directivo de la Liga Villetana de Fútbol, Alfonso Silguera. Fue durante la cobertura periodística de una fuerte discusión entre el público y dirigentes deportivos al término de un partido de fútbol en la ciudad de Luque.

Mirada a los medios

Querellas por difamación y calumnias:

Los principales medios de comunicación y empresarios del sector resultaron con varias querellas y cuatro atentados que se produjeron tanto en la época del gobierno de Cubas Grau como durante el gobierno de González Macchi.

El proceso judicial iniciado el 3 de febrero a Osvaldo Dominguez Dibb, director del diario La Nación, Alberto Vargas Peña, columnista del diario La Nación, Juan Carlos Bernabé, director de Radio Nanawa, y Raúl Melamed, conductor de un programa por Radio Montecarlo A.M. tuvo continuidad luego de la caída del gobierno de Cubas Grau, llegándose a concretar el arresto disciplinario aplicado a estos hombres de prensa por injuriar y agraviar la investidura del juez, menos Melamed que se encuentra prófugo.

Este proceso judicial fue promovido por parlamentarios como consecuencia del posicionamiento de estas personas en favor del rompimiento del Estado de Derecho, acompañando el plan desestabilizador de la democracia de personeros del gobierno de Cubas Grau, liderados por el ex militar golpista Lino Oviedo.

Luego de la caída del gobierno de Cubas Grau y asumido el gobierno de González Macchi, siguieron otros procesos judiciales (querellas por difamación, calumnia e injuria) a dueños de medios empresariales.

El director del diario ABC Color, Aldo Zuccolillo es el que mayor casos tiene acumulados, dos de ellos provenientes de personas con altos cargos en el actual gobierno, que son Juan Carlos Galaverna -presidente del Congreso Nacional- y Juan Ernesto Villamayor -Secretario General de la Presidencia de la República-, por habérseles imputado como responsables de los delitos económicos perpetrados en el Banco Nacional de Trabajadores (BNT).

Otros casos de querellas por difamación, calumnia e injuria hacia el director de ABC Color, fueron de Jotvino Urunaga, gobernador de Alto Paraná, presentado a fines de agosto, a raíz de publicaciones que afectaron presuntamente su honor y reputación, y la de una madre, que demandó por difamación e injuria por difundir una foto de su hijo como un menor dedicado a pedir limosna, presentado el 24 de junio.

También al director de ABC Color se le instruyó sumarios judiciales por publicar nombres y fotos de testigos que el juez quería mantener en reserva- que no lo estableció en forma explícita, en el caso del asesinato del vicepresidente de la República, Luis María Argaña, y otro por haber publicado a fines de agosto desgrabaciones de fonopinchazos, violando una orden judicial que prohibía dicha publicación, en el caso que involucró al político Hermes Rafael Saguier en presiones ejercidas a un presunto testigo del asesinato de Argaña.

Otra querella por difamación, calumnia e injuria contra el director de ABC Color, y periodistas de la redacción regional de Ciudad del Este, fue presentada en esa ciudad, el 7 de octubre, por el abogado Julio César Garay. Este había sido involucrado en dos artículos periodísticos de vender protección de autoridades a personas que realizan actividades comerciales al margen de la ley.

En la misma Ciudad del Este, un ciudadano chino, Wu Wen Huan querella, en octubre, en el campo criminal al director de ABC Color por supuesto delito de injuria grave, a raíz de que dicha persona fue presentada en una publicación de contar con un título falso de doctor ad honorem de la Universidad Nacional del Este.

Otro director de medio querellado por difamación y calumnia fue del diario La Nación, Osvaldo Dominguez Dibb con una acción presentada el 26 de agosto por parte de Claudio Luis Elias Weil, por ser presentado como implicado en el tráfico de drogas en los Estados Unidos.

Otro de los querellados a nivel criminal fue el director del diario Noticias, Eduardo Nicolás Bo. Fue de parte de Reinaldo Dominguez Dib, empresario, el 11 de octubre, por publicaciones en dicho medio de comunicación que le afectaron el honor y la reputación, según la denuncia.

Fueron artículos sobre la licitación de lotería y quiniela nacional donde se atribuyó que Dominguez Dibb se adjudicó dichos juegos en forma fraudulenta.

En medio de este panorama, un juez sobreseyó el 18 de setiembre, en forma provisional, a los periodistas Humberto Rubín, Rodolfo Schaerer Peralta y Víctor Benítez, en un juicio abierto por comisión de delitos electorales al divulgar resultados de encuestas de "boca de urna" en 1996 antes del tiempo permitido. Esta decisión se tomó porque el Ministerio Público, que solicitó el procesamiento de los periodistas, luego no dio ningún impulso al expediente.

Sentencias

A nivel de sentencias judiciales producidas durante 1999, Osvaldo Dominguez Dibb, director del diario La Nación fue condenado el 20 de setiembre por la Justicia a pagar una multa de 39 millones de guaraníes al ser encontrado responsable del delito de difamación cometido en 1997 en perjuicio del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Fernández Gadea, en un artículo titulado "Carta al pueblo paraguayo" donde se imputó al máximo organismo judicial de los delitos de corrupción en el Poder Judicial.

Asimismo el 16 de setiembre, se condenó al director de La Nación a 20 meses de cárcel, pena sustituida en la misma sentencia por una multa de 227 millones de guaraníes. Fue como parte del juicio abierto el 20 de agosto de 1996 a raíz de una querella promovida por Carlos Darío Benegas Peralta, quien aseguró ser víctima de estafa, extorsión y chantaje, al no cobrar un premio de un sorteo organizado por el diario.

¿Incursión política?

Todos estos hechos contra medios de comunicación acontecen en medio de situaciones que apuntan a mostrar la incursión de propietarios de medios en actividades políticas, o de estrechos acercamientos a las principales autoridades del gobierno, que se dan en especial luego de la caída del

gobierno de Cubas Grau y asumido el gobierno de González Macchi.

Así el director de La Nación Osvaldo Dominguez Dibb lanzó el 16 de julio una nueva corriente interna del Partido Colorado, ingresando en forma directa al campo político - partidario, y el ex presidente de la República, Juan Carlos Wasmos y, propietario del grupo Multimedia fue acusado el 5 de setiembre, por el presidente del PLRA, Julio César Franco de haber influido, a través de una campaña realizada por los medios de su propiedad, en la destitución del ex canciller liberal Miguel Abdón Saguier.

Igualmente surgieron hechos informativos que muestran al director del diario Noticias, Eduardo Nicolás Bó con una relación muy cercana con las principales autoridades del Poder Ejecutivo, ya que emplean el avión de su propiedad para viajes oficiales, y se produjeron permanentes reuniones de este empresario en Palacio de Gobierno.

Posición del SPP

Desde setiembre 1997, a partir de las elecciones internas del Partido Colorado, el SPP ha venido manifestando su preocupación porque casi todos los medios masivos entraron a formar parte del proceso de polarización que desbordó el ámbito político, yendo ese protagonismo político del sector empresarial de la comunicación de contramano con los fines de bien social de los medios de comunicación y puede perjudicar a la consolidación de la democracia de nuestro país.

Conclusiones

El hecho de que la cantidad mayor de hechos de amenazas e intimidaciones contra el ejercicio de los periodistas se haya producido luego de la caída del gobierno de Cubas Grau y asumido el gobierno de González Macchi muestra la necesidad de que en el país, como parte de todo proceso democrático, asimile mejor la función de los comunicadores sociales y de la prensa, de modo a superar hechos que buscan amedrentar y censurar la labor periodística.

La libertad de expresión es la piedra angular de todo sistema democrático y el periodista debe tener garantías para informar a la sociedad sin intimidaciones.

Asimismo es necesario que los organismos de los Poderes del Estado muestren mayor interés, que hagan todos los esfuerzos por propia iniciativa, para esclarecer y sancionar a las personas que con detenciones, amenazas y atentados buscan coartar el derecho de información, opinión y de investigación del periodista, que al final beneficia a toda la sociedad civil.

Urge la implementación de la Defensoría del Pueblo para contar con una unidad independiente de los Poderes del Estado para dar seguimiento y solicitar acciones rápidas a las violaciones de los derechos humanos referentes a la libertad de expresión.

Cada vez se hace más necesaria que las empresas periodísticas implementen mecanismos de protección a sus periodistas, dotándoles de seguros de vida, chalecos antibala y asumiendo las acciones legales que se requieran frente a las acciones de intimidación que se ejercen sobre los trabajadores de prensa. Este interés por la seguridad de los comunicadores sociales no sólo debe provenir del SPP, sino también de quienes explotan los medios de comunicación.

Otros desafíos para el campo de la libertad de expresión son:

Se necesita que los medios de comunicación reconozcan la necesidad de una regulación ética en el tratamiento de la información, y lo implementen, donde prime los intereses de la ciudadanía y no los intereses particulares. Los periodistas, a través del SPP, tienen asumido la importancia de un Código de Ética para mejorar la calidad del producto que se ofrece a la sociedad.

A fin de hacer frente a la desinformación y la manipulación informativa, los sectores ciudadanos organizados deben empezar a plantearse mecanismos que permitan salir de ese rol pasivo en la comunicación y pasar a un rol activo

donde no sólo fiscalicen a los medios sino también logren una mayor inserción en el protagonismo informativo, y así llegar a contar con medios masivos con contenidos más pluralistas, responsables y ecuánimes.

Democratizar el acceso a las frecuencias de radios y televisión, donde el Estado debe terminar con el monopolio otorgado históricamente en favor de sectores privados, violando normas jurídicas nacionales e internacionales, y permitir el acceso igualmente de los sectores organizados de la sociedad civil.