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La prensa y la crisis peruana

¿Cuánto contribuyó la prensa al descubrimiento de las transgresiones del régimen Fujimori-Montesinos en el Perú? Una mirada a la historia de los últimos años indica que muchas de las cosas que sorprenden ahora ya estaban publicadas.

Por Ricardo Uceda

Alberto Fujimori

Desde 1992, el año en que se hizo dictador al clausurar el Congreso, la principal lucha de Fujimori no fue contra la oposición, que pese a su denuedo nunca logró hacerse de una mayoría popular que lo derrotara. Fue contra la prensa independiente, un pequeño grupo de medios y de periodistas que pudo revelar parte de lo que había de repulsivo en su régimen, y contribuyó a cambiar el ánimo social permisivo a su gobierno.

En vano este sector fue ferozmente atacado por el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), dirigido por Vladimiro Montesinos: los momentos más impopulares de Fujimori no estuvieron originados por movilizaciones, o paros, o derrotas parlamentarias. Fueron investigaciones periodísticas. Simple y llanamente, noticias.

El estallido de la crisis, sin embargo, no se produjo por una investigación periodística. La desencadenó el famoso video en el que se ve a Montesinos sobornando a un parlamentario. La gente ya sabía que Fujimori había corrompido a congresistas -la prensa independiente había publicado testimonios-, pero nadie lo había visto, y la devastadora imagen de algún modo convenció a todos que no solo eran ciertas las acusaciones anteriores, sino que había mucho más. Y ahora, cuando Fujimori y Montesinos están fuera de escena, el sistema judicial, libre de sometimientos, vuelve la mirada hacia las denuncias desoídas que en su momento hizo la prensa.

La primera, en 1993, fue la investigación de la revista Sí que demostró que nueve estudiantes y un profesor de la universidad La Cantuta fueron asesinados por el Grupo Colina, un escuadrón militar protegido por el gobierno. Aunque el Ejército sacó los tanques a la calle, Fujimori -quien luego del golpe de Estado de 1992 ya se había "democratizado", haciendo elegir un congreso constituyente- no pudo evitar que se iniciara un juicio a los culpables.

Canal 2 produjo la segunda gran denuncia, al revelar las torturas que el Ejército infligió a una de sus agentes de Inteligencia, Leonor La Rosa. Más tarde el diario Liberación probó ingresos millonarios, evidentemente ilícitos, de Vladimiro Montesinos. Luego vendría la investigación del diario El Comercio y Canal N, demostrando que la inscripción de Fujimori como candidato, en las elecciones del 2000, se hizo con más de un millón de firmas falsificadas.

En todos estos casos -que no son todos- el gobierno atropelló el orden establecido para que los crímenes no fueran sancionados y la corrupción continuara. Para salvar a los miembros del Grupo Colina dio una ley inconstitucional que, sustrayéndolos de la justicia común, los benefició con un juicio militar. Después los amnistió, librándolos de cumplir sus leves penas. Las torturas en el Ejército quedaron igualmente sin castigo. Los ingresos de Montesinos jamás fueron investigados. El Poder Judicial prefirió acusar a quienes denunciaron la falsificación de firmas, y después archivó el caso.

Tampoco los organismos correspondientes investigaron las abrumadoras denuncias sobre un fraude electoral en las elecciones de mayo pasado. Incluso, luego de la tercera reelección, la prensa demostró que una denuncia por tráfico de armas a las FARC, hecha inicialmente por Montesinos y Fujimori, en realidad encubría a los verdaderos culpables, vinculados a ambos personajes. Una vez más, la justicia intervenida lo ignoró.

Cuando Fujimori, antes de su renuncia, se vio obligado a disponer una investigación de Montesinos, el primer acto de la procuraduría fue llamar a los periodistas de investigación para pedirles una copia de sus publicaciones. Allí estaba la materia prima de lo que el Estado tenía que indagar. Dos semanas después la procuraduría difundió un plan de trabajo que partía del hallazgo de evidencias respecto de cuatro delitos cometidos por Montesinos: narcotráfico, extorsión, fraude financiero y corrupción de funcionarios. La mayoría de estas pruebas provenían de las publicaciones periodísticas.

Obviamente la investigación periodística sobre Montesinos dista mucho de estar concluida, y sería más exacto decir que se halla en la mitad del camino. Pero si se hiciera un paralelo entre lo que publicó la prensa sobre él y lo que ocurrió simultáneamente en las instancias del Estado encargadas de sancionarlo, se descubriría que el aparato judicial estuvo de su parte en por lo menos doce eventos que la prensa documentó o de los que dio precisas referencias.

La lista comenzaría con su primera acusación, en 1975, cuando era militar en activo. En vez de ser juzgado por lo que realmente hizo -espiar para los Estados Unidos-se le sancionó por desobediencia. Investigar a fondo hubiera significado dejar mal a su negligente jefe, por entonces un encumbrado general, a quien le robó documentación secreta. Más tarde Montesinos tampoco fue investigado por apropiarse de expedientes en el Ministerio Público, desde donde operaba a voluntad en los años ochenta.

Precisamente por este motivo fue buscado por Fujimori, cuando era candidato presidencial, en 1990. Fujimori tenía un insalvable problema de evasión tributaria, y Montesinos, luego de tranquilizarlo, desapareció y volvió más tarde con un bulto bajo el brazo. Era el expediente.

Así comenzó la relación entre ambos personajes, que ahora, bajo otras condiciones, volverán a ser investigados por la prensa. Esta vez en compañía, aparentemente, del liberado sistema judicial.

Ricardo Uceda es el jefe de la unidad investigativa del diario El Comercio de Lima.

(noviembre del 2000)