Por Carlos Rodrigo Zapata C.

La crisis del Estado-Nación ha desatado una de las fuerzas más poderosas de las sociedades latinoamericanas, la creciente incorporación de la sociedad civil en la gestión pública, mediante una gama muy amplia de medios, instrumentos y recursos, entre los que pueden señalarse a movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, leyes de participación ciudadana, mesas de negociación, procesos de diálogo nacional y de planificación participativa.

De a poco se ha ido percibiendo que esta nueva potencia tiene un poder de intervención decisiva, capaz de resolver conflictos y también de exacerbarlos, pero que también espera que se atienda debidamente sus requerimientos, que se le rinda cuentas y se asegure la debida transparencia y, last but not least, se vele por la legitimidad de la gestión pública.

En este contexto, es fundamental comprender qué es legitimidad, cuál es su importancia y, principalmente, cómo se la construye. La cuestión de la legitimidad en todas las esferas de la sociedad, tanto públicas como privadas, va cobrando una importancia creciente, muchas veces insospechada. Desde el momento en que la participación de la sociedad civil en los asuntos de gestión pública ha ido adquiriendo mayor importancia y significación, los gestores públicos ya no pueden esperar que se les extienda un cheque en blanco y se apruebe su gestión por anticipado. En una sociedad cada vez más abierta, donde los actores públicos deben actuar de modo cada vez más transparente y de consuno con la sociedad civil, la legitimidad de sus actuaciones cobra también cada vez más relevancia.

Si entendemos legitimidad como la “aceptación” tácita o explícita de las decisiones gubernamentales por “una fracción relevante de la población” (N. Bobbio) y observamos a su vez que dicha aceptación es esencial para la buena marcha de la gestión pública, comprenderemos que no puede haber legitimidad sin una buena gestión pública, del mismo modo que no puede haber una buena gestión pública sin adecuada legitimidad. De ahí que la legitimidad, como madre de la confianza societal, es un ingrediente fundamental de todo proceso socio-político, pues en ella se hace patente el grado de aceptación que tiene la política gubernamental en la ciudadanía y su disposición a acompañarla y apoyarla.

Ahora bien, cuál es o debe ser la función de la prensa en una sociedad abierta, es una cuestión de permanente actualidad, no sólo por el hecho que los mass media ejercen gran influencia sobre el comportamiento ciudadano, sino también por las recurrentes tentaciones gubernamentales de imponerles una mordaza, sea mediante censuras, una legislación que restrinja o regule su accionar o la instauración de un sistema de medios de difusión a su incondicional servicio.

Este modo de plantear la relación entre gobierno y prensa pone el acento en las armas a las que eventualmente podría recurrir cada uno de estos poderes en caso de confrontación entre ellos. No obstante, una forma más constructiva y productiva de plantearse dicha relación, que además puede coadyuvar a clarificar parte de las funciones de la prensa en sociedades abiertas sometidas a proceso de cambio intenso, consiste en comprender que tanto el gobierno como la prensa tienen una tarea común esencial, que es la de contribuir a construir legitimidad de la gestión pública.

Ello surge del hecho que la legitimidad se asienta sobre algunos eslabones cruciales que son manejados ampliamente por los medios de comunicación masiva. La legitimidad es por esencia aceptación, la cual se basa principalmente, aunque no únicamente, en información y comprensión. Dicho de modo general, no se acepta lo que no se comprende y no se comprende lo que no se conoce. Ello exige que cada eslabón necesario para construir legitimidad, sea tratado con mesura y responsabilidad, con idoneidad e hidalguía, también con una dosis de compromiso y patriotismo, sin descuidar la crítica necesaria, así como la identificación de vacíos y puntos débiles por parte de todos y cada uno de los actores involucrados, básicamente gobierno, prensa y ciudadanía.

En la medida que la prensa no tome en cuenta escrupulosamente todos y cada uno de los eslabones que conducen a construir legitimidad, su labor puede contribuir a minar o socavar la legitimidad de la gestión pública. Por ello, la prensa debe basar su accionar en la ética del respeto y la hidalguía, valores que en todo momento se constituyen en la base más firme de defensa de la misma libertad de prensa y de expresión, condición básica y esencial para todos estos desarrollos y consideraciones.

¿Cómo se consigue que la prensa sea el medio idóneo, capaz de contribuir a la construcción de legitimidad de la gestión pública? Por cierto que, y en primer término, con buenas políticas públicas por parte gubernamental, evitando contradicciones, mostrando coherencia política, estratégica y programática. En la medida que el gobierno no siga estas pautas, es evidente que la prensa no podrá asumir el rol que se espera de ella, aunque ello no debe ser óbice para que continúe construyendo su propia legitimidad, por ejemplo mediante el “periodismo de lo posible” y el “periodismo de propuesta”.

Más allá de ello, la prensa no sólo debe procurar en todo momento reflejar del modo más idóneo posible los alcances, avances o retrocesos de la gestión pública, cumpliendo su misión fundamental de informar y contribuir a la comprensión de los hechos que acaecen en la sociedad cotidianamente.

La prensa, al constituirse en medio fundamental de construcción de la legitimación de la gestión pública hasta donde corresponda (según la consabida expresión, “al César lo que es del César”), no sólo cumple su propio rol y responsabilidad, sino que además contribuye a evitar toda forma de restricción de las libertades públicas y a construir su propia legitimidad.

Sea porque el gobierno no es capaz de diseñar y aplicar buenas políticas públicas y/o la prensa de presentarlas y destacarlas adecuadamente, los gobiernos caen en la tentación de recurrir cada vez más a su propia prensa, aquella que aclama y/o encubre incondicionalmente los actos gubernamentales, ignorando las demandas de la sociedad civil. De ahí que la sola aparición de esta prensa es un mal signo para la democracia, las libertades y la eficiencia de la gestión pública.

La común responsabilidad de gobierno y prensa en la construcción de legitimidad en torno a la gestión pública, es un factor estratégico para conducir la sociedad a los puertos y objetivos que ella anhela. Mientras que para el gobierno es un deber legal cumplir sus responsabilidades, para la prensa es un deber moral asumir su cuota parte es este común emprendimiento.

Carlos Rodrigo Zapata es economista y analista político. Es Secretario General de la Asociación JIWASA para la promoción de valores humanos en Bolivia. Colabora con varios medios de difusión, principalmente en Bolivia.
Correo-e: czapata@acelerate.com