|
Prensa
costarricense siente amenazas
Por Montserrat Solano Carboni
En
Costa Rica, la prensa recibe amenazas. ¿Lo sorprende?
Pues esa fue una de las principales confesiones hechas por
los periodistas ticos al contestar una encuesta promovida
por La Nación sobre libertad de
prensa y acceso a la información.
El 55 por ciento de los 97 comunicadores que respondieron
al formulario enviado por este diario dijeron haber recibido
algún tipo de intimidación en el ejercicio de
su carrera, mientras que un 45 por ciento afirmó que
no.
La consulta, realizada entre el 13 y el 22 de junio pasados,
revela que la amenaza más común es la de tipo
legal, que se resume: "Si publica, lo demando".
Así lo consignó el 58 por ciento de los reporteros
que sí manifestaron haber recibido presiones.
El segundo lugar lo ocupan las amenazas laborales (17 por
ciento) y el tercero, las amenazas financieras sobre la empresa
donde trabaja el periodista (12 por ciento).
Y también se dan amenazas contra la integridad física
y la vida. De hecho, cinco periodistas aseguraron haber recibido
advertencias de secuestro y hasta de muerte.
La mayoría de los consultados, incluso algunos que
nunca han sido amenazados, parece sufrir un síndrome
de autocensura pues el 55 por ciento de ellos reconoció
haber dejado de publicar alguna vez por temor a que se concretara
una demanda.
El restante 45 por ciento no se dejó amedrentar. Pero
de este segmento, una cuarta parte pagó el precio:
enfrentar una causa penal.
Otro factor que parece estimular una conducta autorepresiva
es la percepción que tiene el 82 por ciento de los
comunicadores en el sentido de que la legislación que
rige su trabajo limita el ejercicio profesional.
Un 13 por ciento no compartió dicha opinión,
mientras un 5 por ciento no contestó.
El estudio también midió el grado de dificultad
o facilidad que tienen los periodistas para obtener la información
y se le solicitó a los participantes calificar cuán
accesibles o inaccesibles son los principales jerarcas públicos.
Al analizar la legislación tica, encontró que
hay censura previa, censura previa electoral, que el ordenamiento
jurídico no garantiza el acceso a la información
del sector público, entre otros.
Sí a reforma
El clamor por una reforma legal fue casi generalizado entre
los periodistas que contestaron el formulario.
Un 94 por ciento de ellos se mostró de acuerdo con
variar la legislación que sanciona los delitos contra
el honor (injuria, calumnia y difamación) y el desacato.
Un 3 por ciento no está de acuerdo con la reforma y
el otro 3 por ciento no respondió.
Al consultársele a los comunicadores las razones que
esgrimen para defender un cambio en la legislación,
la causa más citada (24 por ciento) fue que la normativa
actual es una amenaza y obliga a la autocensura.
Un 12 por ciento de las menciones refieren que la ley actual
limita la labor de los periodistas y un 9 por ciento evidencian
preocupación por el hecho de que los reporteros tengan
la carga de la prueba en los procesos judiciales y porque
no se les respeta el principio de inocencia.
Otro 9 por ciento de los argumentos se refieren a la necesidad
de garantizar más el derecho a la información
y que la ley sirve de escudo a funcionarios públicos.
Los comunicadores también justificaron la reforma ante
las deficiencias de la ley porque: "Restringe el periodismo
crítico o investigativo" (7 por ciento), "afecta
la libertad de prensa" (4 por ciento) y "limita
la libertad de expresión" (4 por ciento).
De vuelta al tema de las demandas, un 23 por ciento de la
muestra dijo haber sido demandado alguna vez por situaciones
relacionadas con su trabajo. El 77 por ciento afirmó
que nunca se ha enfrentado con tal situación.
En el grupo de 22 comunicadores que sí han sido demandados,
un 29 por ciento afirmó haber enfrentado procesos por
difamación, injuria (28 por ciento), calumnia (25 por
ciento), publicación de ofensas (9 por ciento) y difamación
de persona jurídica (5 por ciento).
Finalmente, un 4 por ciento apuntó haber sido acusado
"por otros asuntos".
De estos reporteros que han sido demandados, la mayoría
(el 59 por ciento) forman parte del grupo que dijo no autocensurarse.
Acceso a la información
Respecto de la facilidad o dificultad para obtener información
en el sector público, el 76 por ciento de los periodistas
consultados dijo tener acceso directo a sus fuentes, mientras
que un 20 por ciento afirmó no tenerlo y un 4 por ciento
no respondió.
La principal limitación que afrontan los comunicadores
para obtener algún dato es pasar por el "filtro"
de los intermediarios (oficinas de prensa, secretarias, asistentes
u otros). Esta barrera fue citada por el 34 por ciento de
los entrevistados.
Un poco distante, en un segundo puesto, se situó el
problema de la falta de disponibilidad de los funcionarios
para atender a la prensa (13 por ciento), seguida por la falta
de respuesta pronta (10 por ciento) y por la burocracia institucional
(8 por ciento).
Otras quejas son: los funcionarios nunca se refieren a los
temas por desconocimiento (5 por ciento) o porque no les conviene
(4 por ciento), alegan confidencialidad de documentos (2 por
ciento) y ocultan información que los pueda comprometer
(2 por ciento).
A los periodistas también se les preguntó si
alguna vez han tenido que solicitar datos por escrito en las
instituciones públicas o ampararse en el derecho de
exigir respuesta en el término de 10 días hábiles
a consultas sobre temas de interés noticioso.
Un 2 por ciento de los periodistas admitió que siempre
deben conceder ese plazo, un 6 por ciento manifestó
que frecuentemente se ven obligados a ello y un 44 por ciento
manifestó que a veces deben hacerlo.
Un 43 por ciento nunca han tenido que esperar los diez días
y un cinco por ciento no respondió a la consulta.
Preocupación
Santiago Cantón, relator sobre libertad de expresión
de la CIDH, se sorprendió por el nivel de autocensura
de la prensa costarricense.
"Lo más preocupante es el tema de la autocensura,
y eso es precisamente la gravedad que produce cuando se puede
llegar a abusar del sistema judicial," manifestó
el pasado 23 de junio.
Por su parte, Roberto Cuéllar, director ejecutivo de
la CIDH, detectó en la encuesta una señal de
la "tarea impostergable de luchar por los derechos humanos
de los periodistas".
"Una democracia no se debe quedar de brazos cruzados,
y el control de lo público es democracia", señaló.
"Hoy el principal temor es oír a la ciudadanía
y para eso están los medios. Esa es una válvula
que no se puede perder".
Al respecto, el presidente del Colegio de Periodistas, Enrique
Villalobos, calificó las amenazas como preocupantes
pero no extrañas. Aseguró que esa corporación
está preparando un proyecto de ley alternativa para
dar más garantías a la prensa.
Montserrat Solano Carboni es reportera del diario La Nación en San José, Costa Rica.
Reproducción autorizada.
(9
de julio del 2001)
Artículos
relacionados:
Golpe
a la libertad de prensa en Costa Rica
La
libertad de prensa: diez años más tarde...
|
