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Escribir
bajo riesgo
Por
José Pérez-Espino
Asesinato
impune de periodistas, encarcelamiento de columnistas y directores,
persecución colectiva de reporteros y editores, hostigamiento
permanente a voces críticas...
No es
una descripción de Corea del Norte, China o Birmania,
los países con menos libertades de expresión
y de prensa en el mundo, según la clasificación
de Reporteros Sin Fronteras. Es lo que sucede actualmente
en el estado de Chihuahua, México, en la frontera con
Estados Unidos.
En este
momento, en Chihuahua, permanecen impunes los homicidios de
tres periodistas: Víctor Manuel Oropeza, José
Ramírez Puente y José Luis Ortega Mata, asesinados
en 1991, 2000 y 2001.
Siete
reporteros y el director de un diario pueden ser arrestados
de un momento a otro después de que la Procuraduría
General de Justicia del Estado solicitó a un juez penal
órdenes de aprehensión en su contra, como presuntos
responsables del delito de difamación.
Una periodista
más -el único caso en el país- se encuentra
bajo juicio y en libertad bajo fianza, también como
presunta responsable del delito de difamación, por
lo cual fue arrestada y recluida casi 24 horas en el penal
de alta seguridad de la capital del Estado.
Y el
director de una revista semanal, quien también fue
arrestado y liberado mediante el pago de una fianza, logró
gracias a la presión internacional que la Procuraduría
de Chihuahua solicitara el sobreseimiento del juicio penal
que se le había iniciado, cuando el denunciante retiró
una demanda por difamación en su contra, que además
incluía a un reportero de la publicación.
No es
todo. Los medios han informado de agresiones físicas
sufridas por reporteros de distintos, medios, a manos del
equipo de seguridad del gobernador de Chihuahua, Patricio
Martínez.
Se trata
de casos distintos, pero todos bajo un mismo contexto: no
existen garantías para el ejercicio de las libertades
de expresión y de prensa en Chihuahua, donde el Gobierno
del Estado no practica la transparencia e impide el acceso
a la información pública.
Por todo
lo anterior es urgente actualizar el régimen jurídico
en torno a los medios de comunicación en México,
para crear instancias que diriman las controversias suscitadas
entre los ciudadanos y los medios, entre los medios entre
sí, o entre los medios y las autoridades.
Pero
sobre todo, para garantizar la integridad de los periodistas
y el pleno el ejercicio de las libertades de expresión
y de prensa, así como el derecho y el acceso a la información
pública.
El
crimen de Pepe Ramírez
El viernes 28 de abril de 2002, el reportero y conductor de
Radio Net, José Ramírez Puente, de 29 años,
fue asesinado de 36 puñaladas, una de ellas en el corazón.
Su cuerpo fue hallado la noche del mismo día, en el
interior de su vehículo, un Nissan Sentra modelo 1994,
el cual estaba estacionado en el cruce de las calles 15 de
Septiembre y bulevar Óscar Flores de la colonia División
del Norte.
Los peritos
de la Procuraduría General de la República,
que atrajo la investigación del caso, determinaron
que tres de las heridas eran mortales y que las demás
fueron para torturarlo. Todas “realizadas por un profesional”.
Al día
siguiente del hallazgo de su cadáver, agentes de la
Policía Judicial del Estado que inicialmente llevaron
la investigación, informaron a la prensa que en la
mañana del sábado encontraron en la cajuela
del Nissan Sentra ocho paquetes que contenían 10 kilogramos
de mariguana. Sin embargo, los investigadores federales no
encontraron relación entre los paquetes y la víctima,
por lo que presumen que la droga le fue “sembrada”
para confundir las indagatorias y desviar la atención
del crimen.
El lunes
siguiente, cuando el periodista fue sepultado, el gobernador
Patricio Martínez declaró a la prensa que el
asesinato de Ramírez Puente “no es de ninguna
forma un atentado contra la libertad de expresión”.
Pero nunca fundamentó su afirmación. Su gobierno
no fue capaz de esclarecer el homicidio ni de castigar a los
responsables, tampoco ordenó investigar a quienes “sembraron”
la droga en el vehículo del reportero, hallada casualmente
cuando el auto ya estaba en las instalaciones de la Policía
Judicial del Estado.
El periodista
estaba casado y tenía un hijo. Trabajó como
reportero de Radio Noticias 860, de FM Globo 98.3, del periódico
Norte de Ciudad Juárez y antes de su asesinato era
conductor del noticiario “Juárez hoy”, de
Radio Net.
En mayo
de 2002, el delegado de la PGR en Ciudad Juárez, Lorenzo
Aquino Miranda, informó que la corporación confiaba
en que el único testigo ubicado rindiera su declaración
y señalara al presunto autor del crimen. No obstante,
el hombre, cuya identidad se mantiene en reserva, huyó
a los Estados Unidos. Cuando fue localizado se negó
a cooperar con las autoridades.
Apenas
al iniciar el presente mes de noviembre, Aquino Miranda, informó
que la averiguación previa en torno al homicidio del
periodista fue radicada dos meses antes en la Dirección
General del Ministerio Público Especializado en la
Ciudad de México, por lo que la responsable del área,
Irma García Andrade, también lo será
en el seguimiento a la investigación.
El homicidio
de Pepe Ramírez Puente permanece tan impune como el
de Víctor Manuel Oropeza, también asesinado
a puñaladas, el 3 de julio de 1991, cuando se encontraba
en su consultorio. La investigación del crimen de Oropeza
igualmente fue atraída por la PGR.
Un tercer
homicidio que ahora es investigado por la PGR es el del periodista
José Luis Ortega Mata, asesinado en Ojinaga el 19 de
febrero de 2001. En su reporte más reciente, la Sociedad
Interamericana de Prensa informa que tras reuniones “con
diversas autoridades gubernamentales, se logró que
la Procuraduría Federal atrajera bajo su control, como
se lo permite la ley bajo ciertas condiciones, las investigaciones
sobre el asesinato”, mismo que “permanece aún
en la impunidad”.
En los
tres casos, conforme avanza el tiempo, se alejan las posibilidades
de castigar a los asesinos.
La
captura de Antonio Pinedo
La revista Semanario, fundada en 1989, publicó en su
edición del 28 de febrero de 2000 un reportaje de portada
intitulado “Todo el poder”. En páginas interiores,
se detallaba, en base a distintos testimonios y pruebas documentales,
la presunta vinculación con el narcotráfico
del entonces comisionado de Seguridad Pública, Javier
Benavides González, así como algunos de los
principales jefes policiacos de Ciudad Juárez.
Benavides
presentó una denuncia penal por difamación en
contra del director de Semanario, Antonio Pinedo Cornejo,
y del reportero Luis Villagrana, autor del artículo.
La Procuraduría de Justicia de Chihuahua consignó
después el expediente a la juez Cuarto de lo Penal,
María Catalina Ruiz Pacheco, solicitando una orden
de aprehensión en contra de los periodistas.
El martes
19 de septiembre de 2000, al filo de las 19:00 horas, Antonio
Pinedo fue arrestado por agentes de la Policía Judicial
del Estado y consignado al Juzgado Cuarto de lo Penal. Fue
puesto en libertad al día siguiente, mediante el pago
de una fianza por 15 mil pesos, igual que Villagrana, quien
compareció voluntariamente ante la juez que ordenó
su arresto.
Los periodistas
denunciaron que la Procuraduría de Justicia del Estado
no les informó oficialmente de la denuncia en su contra
presentada por Benavides, ni fueron citados en averiguaciones
previas para presentar pruebas a su favor. Por su parte, la
juez Ruiz Pacheco giró las órdenes de aprehensión
con una rapidez inusitada, pues lo hizo apenas tres días
después de haber recibido el expediente.
El 22
de septiembre, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP),
con sede en Miami, envió una carta al gobernador de
Chihuahua, Patricio Martínez García, expresando
su preocupación por el encarcelamiento del periodista,
acción que calificó como una falta a la libertad
de expresión.
En la
misiva, el presidente de la Comisión de Libertad de
Prensa e Información, Rafael Molina, señala:
“Sr. Gobernador, este tipo de incidentes merece analizarse
con cautela, pues nos preocupa que cuando se asoma a la palestra
pública información que podría relacionar
a funcionarios de gobierno a actividades ilícitas,
se suele atropellar al mensajero, en vez de investigar las
denuncias”.
La SIP
cita el artículo 4 de la “Declaración de
Chapultepec”, el cual establece que “la prisión
injusta de los periodistas coarta severamente la libertad
de expresión y de prensa, y estos actos deben ser investigados
con prontitud y sancionados con severidad”.
Días
más tarde, el 29 de septiembre, el Comité para
la Protección de los Periodistas, con sede en Nueva
York, envió una carta de protesta al entonces procurador
de Justicia del Estado, Arturo González Rascón.
Igual que la SIP, el organismo no partidista dedicado a la
libertad de prensa en el mundo deplora las irregularidades
en el proceso judicial.
En la
carta, la coordinadora del Programa de las Américas
del CPJ (por su sus siglas en inglés), Marylene Smeets,
a nombre del organismo, “pide urgentemente que se aclaren
estas presuntas violaciones del debido proceso”.
Smeets
escribió al procurador de Chihuahua: “Si bien
el CPJ cree que los periodistas deben ser responsables de
lo que escriben, creemos que cualquier disputa a raíz
de un artículo debe ser resuelta en el ámbito
civil, particularmente en los casos que implican a funcionarios
públicos, quienes están sujetos al escrutinio
y la crítica de los ciudadanos a quienes sirven. La
libertad de expresión les está garantizada a
todos los mexicanos bajo el Artículo 6 de la Constitución”.
“Nuestra
opinión es que penalizar las infracciones relacionadas
con la expresión de ideas viola ese derecho fundamental.
“El
principio de que en una sociedad democrática debe haber
una amplia protección a la crítica de funcionarios
públicos es cada vez más apoyado por expertos
en derecho internacional. El Relator Especial para la Libertad
de Expresión de la Organización de Estados Americanos
destaca en su informe anual de 1999 que, en el caso de funcionarios
y figuras públicas, las leyes que penalizan la expresión
son incompatibles con la protección otorgada a todas
las personas bajo la Convención Americana de Derechos
Humanos. México ratificó la Convención
en 1982”.
Para
entonces, Benavides ya había presentado su renuncia
al cargo de comisionado de Seguridad Pública en Ciudad
Juárez. Los medios difundieron su posible incorporación
al equipo de seguridad del presidente electo, Vicente Fox,
por sus antecedentes como coordinador operativo del desaparecido
Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, al inicio
del sexenio del presidente Ernesto Zedillo. Pero el escándalo
impidió su nombramiento, según publicó
la prensa.
Finalmente,
la presión internacional obligó a la Procuraduría
de Justicia del Estado a solicitar el sobreseimiento del proceso
judicial, después de que Javier Benavides anunció
que había retirado la demanda por difamación
en contra del director de Semanario, Antonio Pinedo, y del
reportero Luis Villagrana.
El
caso de Rosario Aguilar
El 20 de marzo de 2002, Linda Hemby, Coordinadora Regional
de Periodistas Frente a la Corrupción, un organismo
con sede en El Salvador que promueve y facilita el papel fiscalizador
de los periodistas y medios de comunicación latinoamericanos,
envió una carta al gobernador Patricio Martínez,
para condenar un incidente a través del cual se cometieron
violaciones al derecho a la información y a la libertad
de expresión.
El organismo
se refirió al caso de la reportera Rosario Aguilar
Champo, corresponsal de Televisa, con quien se cometieron
“prácticas de censura”. El incidente ocurrió
el 15 de febrero pasado y fue protagonizado por la periodista,
por la Jefa de Prensa, Diana Silvia Fuentes, además
del propio Patricio Martínez.
Durante
una conferencia de prensa ofrecida por el gobernador en la
Ciudad de Chihuahua, la Jefa de Prensa advirtió en
seis ocasiones a la reportera Rosario Aguilar que se abstuviera
de preguntar sobre el caso de presuntas amenazas que el procurador
de Justicia del Estado, Jesús José Solís
Silva, habría formulado en contra de la esposa de un
diputado local del Partido Acción Nacional.
La funcionaria
estatal insistió a la reportera que sólo podía
preguntar sobre una controversia financiera entre el Instituto
de la Vivienda y Banobras, el “tema del momento”.
Pero la periodista desatendió las advertencias de la
Jefa de Prensa y le formuló al gobernador una pregunta
en relación a las amenazas supuestamente proferidas
por el procurador.
Visiblemente
molesto, el gobernador de Chihuahua le contestó: “Oiga,
más seriedad, tenga más seriedad con su pregunta”.
Y omitió responder al cuestionamiento.
Más
tarde, la Jefa de Prensa del Gobierno del Estado de nuevo
le advirtió a la reportera que si en el futuro no atendía
a sus indicaciones entonces “no podría ayudarle”.
El incidente
no quedó ahí. Según el informe de Periodistas
Frente a la Corrupción, la reportera comenzó
a ser hostigada con el obvio afán de intimidarla: fue
seguida en distintos vehículos, su domicilio comenzó
a ser rondado por extraños igual que recibió
llamadas telefónicas de personas desconocidas.
Por lo
anterior, Periodistas Frente a la Corrupción escribió
al gobernador Patricio Martínez, en la carta enviada
el 20 de marzo: “Los
funcionarios públicos tienen la obligación de
actuar con transparencia, y esta exigencia implica aclarar
ante público los asuntos que en relación a sus
atribuciones les competa resolver. En este caso, el Procurador
de Justicia del Estado es funcionario designado por Ud., según
el romano XXII del Art. 93 de la Constitución Política
del Estado de Chihuahua, y por tanto los señalamientos
en contra del mismo deben ser retomados por su oficina, la
que debe asumir una posición pública al respecto,
promover la investigación correspondiente y procurar
para que el asunto en cuestión quede totalmente aclarado.
“Por
otro lado es una violación al derecho de información
y de libertad de expresión que los funcionarios públicos
intenten restringir o controlar las informaciones que los
periodistas, y los ciudadanos en general, necesiten o quieran
tener acceso. Al respecto cabe reiterar que el Art. 13 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita
por México, además de reconocer el derecho a
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e
ideas de toda índole, prohibe la censura previa -tal
como lo actuado por su Jefe de Prensa- y el uso medios indirectos
para restringir el ejercicio de este derecho.
“Además
de los agravios a la transparencia y a la libertad de expresión
derivados del incidente contra la periodista Aguilar Champo,
nos causa mayor preocupación que luego del mismo ella
ha sido víctima de persecución y de asedio -a
través de seguimiento en vehículos, rondas por
su casa y llamadas telefónicas- por sujetos desconocidos.
“Todos
estos hechos antes expuestos -las prácticas de censura
de la Jefe de Prensa del Estado y el hostigamiento por sujetos
desconocidos- no es la primera vez que ocurren, según
los informes que hemos recibido, lo que nos lleva a inferir
que se trata de una práctica sistemática lamentablemente
alentada desde la más alta esfera del gobierno estatal.
“Por
lo anterior, Sr. Gobernador, respetuosamente le pedimos:
“a) El reconocimiento público de su parte que
el más reciente incidente de que fue víctima
la periodista Aguilar Champo, constituyó una falta
a los deberes con la transparencia de los funcionarios públicos
y una violación al derecho de información y
de libertad de expresión;
“b) Adoptar políticas informativas respetuosas
de los deberes y derechos antes referidos, cesando de una
vez por todas las acciones tendientes a controlar las agendas
de los medios de comunicación y obligándose
a responder en todo momento sobre los asuntos que, según
las leyes, son de su competencia;
“c) Ordenar una investigación profunda para dar
con los responsables de la persecución y asedio en
contra de la periodista Aguilar Champo, y abogar para que
reciban el castigo merecido”.
Hasta
la fecha, el Gobierno del Estado de Chihuahua no ha dado respuesta
a ninguna de las peticiones de Periodistas Frente a la Corrupción.
El
juicio a Isabel Arvide
Isabel Arvide es la única periodista en México
sometida a un proceso penal por el contenido de sus artículos.
En junio de 2001 publicó en el Milenio Diario de la
Ciudad de México que en el estado de Chihuahua se había
establecido un nuevo cártel de la droga, encabezado
Jesús José Solís Silva, entonces responsable
del Consejo Estatal de Seguridad Pública. “Entre
sus miembros destacados figuran empresarios, asesores y amigos
de Patricio Martínez”, escribió.
Seis
meses después, el dueño del periódico
El Diario de Juárez, Osvaldo Rodríguez Borunda,
presentó una denuncia penal en su contra por el delito
de difamación, debido a que Arvide lo citó en
su artículo “como sospechoso de lavar dinero producto
del narcotráfico”.
La periodista
fue detenida el viernes 16 de agosto de 2002, en el aeropuerto
internacional Roberto Fierro de la ciudad de Chihuahua, a
donde asistió como invitada especial en una gira de
Roberto Madrazo, dirigente nacional del PRI.
La arrestaron
agentes de la Policía Judicial del Estado al mando
del procurador de Justicia del Estado, Jesús José
Solís Silva, el mismo a quien señaló
de encabezar un nuevo cártel de la droga. La misma
Procuraduría de Justicia del Estado es la que consignó
el expediente de la denuncia por difamación al Juzgado
Segundo de lo Penal solicitando una orden de aprehensión
en su contra.
La periodista
salió bajo fianza del Centro de Readaptación
Social de Aquiles Serdán el sábado a las 18:20
horas, tras el depósito de una fianza por 100 mil pesos,
monto superior a la que suele fijarse a un presunto homicida.
Permaneció por casi 24 horas recluida en el penal de
alta seguridad.
El miércoles
21 de agosto, al notificarle el auto de formal prisión
y el inicio de la causa penal 278/02, el juez Octavio Rodríguez
Gaytán, se dirigió a Isabel Arvide con un mensaje
que más pareció una lección de ética:
“Indudablemente
que todos debemos tener más cuidado al realizar nuestras
conductas. La manifestación de las ideas y la expresión
escrita de ellos es una libertad consagrada por nuestra Constitución
que se puede realizar, siempre y cuando se tenga esa limitante,
y el hecho de que los periodistas se cuiden en ese ejercicio,
yo creo que es para todos cuidarnos de lo que hacemos y de
lo que decimos”, dijo el juez.
Por su
parte, Milenio Diario, que publicó el artículo
de Isabel Arvide a ocho columnas, prácticamente “se
lavó las manos” del caso. En una “Nota de
la Redacción”, difundida el sábado 17 de
agosto a través del sitio www.milenio.com el periódico
propiedad de Multimedios Estrellas de Oro señala: “Milenio
Diario espera que las autoridades chihuahuenses hayan cumplido
con lo previsto en la Constitución de los Estados Unidos
Mexicanos y en las leyes estatales, sobre todo en lo referente
a las garantías individuales y de expresión,
así como en lo tocante a la integración de una
averiguación previa y los citatorios de ley que debieron
preceder a la detención de Isabel Arvide, con cuyas
afirmaciones puede o no coincidirse pero cuyos derechos deben
respetarse íntegramente”.
En relación
al delito de “calumnia”, el Código Penal
vigente para el Estado de Chihuahua estipula en su artículo
254: “Se
aplicará prisión de seis meses a dos años
y multa de treinta a cincuenta veces el salario, al que comunique
dolosamente a otro la imputación que hace a una persona
física o moral de un hecho cierto o falso que le cause
o pueda causarle deshonra, descrédito o perjuicio”.
Igualmente,
el artículo 255 del mismo Código Penal establece
que quedará “exento de sanción el acusado
de difamación si prueba la verdad de sus imputaciones”,
en los casos siguientes: “Si la imputación hubiera
tenido por objeto defender o garantizar un interés
público”, “Si el imputado fuera una persona
que haya obrado con carácter público y la imputación
fuera relativa al ejercicio de sus funciones” y, “Si
el hecho imputado está declarado cierto por sentencia
firme y el acusado obra por un interés legítimo”.
Por lo
pronto, Isabel Arvide, quien radica en el Distrito Federal,
deberá presentarse los miércoles de cada quince
días ante el Juzgado Segundo de lo Penal en la Ciudad
de Chihuahua. En caso de ser hallada culpable, podría
ser sentenciada a una pena de seis meses a dos años
de prisión. Adicionalmente, el dueño de El Diario
exige 50 millones de pesos por la reparación del daño
moral causado por la periodista.
La
persecución a Norte
El 17 de octubre de 2002, la Procuraduría General de
Justicia de Chihuahua, a través del agente del Ministerio
Público Sergio Villarreal Arellano, oficializó
la mayor persecución judicial de periodistas en la
historia de México: solicitó a la juez Cuarto
de lo Penal, María Catalina Ruiz Pacheco, órdenes
de aprehensión en contra de seis reporteros y del director
general de Norte de Ciudad Juárez, como presuntos responsables
del delito de difamación.
Los periodistas
fueron acusados por el ex alcalde Manuel Quevedo Reyes, actual
empresario inmobiliario. Quevedo Reyes interpuso la querella
penal en enero 2002, tras la publicación de reportajes
sobre el importe de la venta de terrenos de su propiedad al
Gobierno del Estado de Chihuahua, para la construcción
del fraccionamiento El Mezquital. Según los reportajes
de Norte, el precio pagado por el gobierno era superior al
del mercado, por lo que funcionarios estatales podrían
haber incurrido en corrupción.
Los periodistas
incluidos en la causa penal 425/02 son: Óscar Cantú
Murguía, editor y director general, así como
los reporteros Armando Delgado, Manuel Aguirre, Guadalupe
Salcido, Rosa Isela Pérez, Francisco Luján,
Antonio Flores y Carlos Huerta.
El ex
alcalde, también ex candidato a diputado federal por
el Partido Revolucionario Institucional, exige una compensación
de 50 millones de pesos y el cierre del periódico.
Los periodistas,
por su parte, denunciaron que la Procuraduría de Justicia
del Estado no les entregó copia de la denuncia en su
contra y no les dio la oportunidad de presentar pruebas a
su favor en averiguaciones previas.
El reportaje
de Norte de Ciudad Juárez, titulado “Las facturas
de Patricio” -que motivó la demanda-, detalla
la compra-venta de 220 hectáreas que fueron “expropiadas”
a la familia Quevedo por el gobernador Patricio Martínez
para la construcción del fraccionamiento El Mezquital.
En junio
de 2001, el presidente de la Asociación de Ingenieros
Civiles de Ciudad Juárez, Gilberto Komiyama Martínez,
declaró que las tierras por las cuales el Gobierno
del Estado pagó siete dólares el metro cuadrado
a la familia Quevedo, en realidad valían entre dos
y poco más de tres dólares.
El ex
alcalde de Ciudad Juárez, Manuel Quevedo Reyes, consideró
que tales publicaciones afectaron su honorabilidad e imagen
pública, por lo que la Procuraduría General
de Justicia del Estado de Chihuahua inició la averiguación
previa 947/02-405-SJZN y consignó el expediente ante
la juez cuarto de lo penal, María Catalina Ruiz Pacheco,
la misma que dos años antes ordenó el arresto
de los periodistas Antonio Pinedo y Luis Villagrana.
El 22
de octubre, la organización Reporteros Sin Fronteras,
con sede en París, pidió al Supremo Tribunal
de Justicia de Chihuahua que no se dicte ninguna orden de
aprehensión en contra de los periodistas de Norte de
Ciudad Juárez y manifestó su repudió
a la consignación penal por parte de la Procuraduría
de Chihuahua: “Violando las leyes mexicanas, no se les
avisó de los cargos que pesan contra ellos”, indicó.
“Es
fundamental para la transparencia de la vida pública
que los periodistas puedan seguir denunciando los presuntos
actos de corrupción sin arriesgar su libertad”,
explicó Robert Ménard, secretario general de
Reporteros Sin Fronteras.
En una
carta dirigida a Pablo Zapata Zubiaga, presidente del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, Robert Ménard
solicitó que no se dicte ninguna orden de aprehensión
en contra de los periodistas. También pidió
que se respeten sus derechos y que puedan tener un juicio
justo e imparcial.
La denuncia
de la persecución a Norte de Ciudad Juárez fue
incluida en el informe semestral de la Comisión de
Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa,
presentado durante su 58 Asamblea General, llevada a cabo
entre el 26 y 29 de octubre en Lima, Perú.
El organismo
denunció en su reporte correspondiente a octubre “el
Gobierno del Estado de Chihuahua, a cargo de Patricio Martínez,
alentó una denuncia penal contra periodistas del diario
Norte de Ciudad Juárez, por el cargo de difamación,
después de que ese periódico publicara que la
administración estatal adquirió de manera ilegal
diversos terrenos para beneficio de empresas particulares”.
Días
después, el Ministerio Público consignó
al Juez Tercero de lo Penal una segunda denuncia por difamación
y calumnia, ahora interpuesta por Osvaldo Rodríguez
Borunda, presidente y director de El Diario, en contra de
Óscar Cantú Murguía y de Rafael Núñez,
director y reportero de Norte.
Rodríguez
Borunda interpuso su denuncia el 6 de diciembre del 2001.
Norte había publicado, el 4 de diciembre de 2001 un
encabezado en primera plana que decía: “Arrestan
a Dueño del Diario”. El periódico informaba
sobre un incidente vial ocurrido en El Paso, Texas.
Según
Javier Gómez Ito, representante legal de Osvaldo Rodríguez,
entrevistado por El Diario: “... en la publicación
del 4 de diciembre el reportero hace referencia a que el quejoso
tiene antecedentes por haber golpeado a uno de sus hijos,
cuando sabían que el hecho no era cierto. Segundo,
comunicó dolosamente información sin considerar
las notas periodísticas que ellos mismos aclararon
e hicieron públicas”, agregó.
La nota
firmada por Rafael Núñez en Norte, señalaba:
“esta no es la primera vez que Rodríguez Borunda
se mete en problemas con la ley en Estados Unidos, ya que
a principios del año pasado fue arrestado dos veces
por la policía en menos de 24 horas, luego de que en
repetidas ocasiones golpeara a Iván, uno de sus hijos,
quien en ese entonces aún era menor de edad (17 años)”.
El abogado
señala que Norte incluso había publicado una
rectificación sobre el incidente familiar. Como prueba
refiere que el 1 de marzo del 2000, en la página 9-B
de la sección Frontera, se publicó el encabezado:
“Se retracta hijo de Rodríguez Borunda” y
en el cuerpo de la nota el reportero Martín Coronado
escribió: “ayer, Iván Alexander Rodríguez,
hijo de Osvaldo Rodríguez Borunda, propietario de El
Diario, dijo en un breve texto en inglés y español,
que su padre nunca lo golpeó ni lo amenazó,
que todo esto es muy exagerado, refiriéndose a lo dicho
por la policía paseña”.
Los acusados
han declarado que en sus notas informativas consignaron lo
informado por la Policía de El Paso, Texas en relación
a los hechos en los que se involucró al dueño
de El Diario.
Guardaespaldas
contra periodistas
El equipo de seguridad del gobernador Patricio Martínez
igualmente se ha convertido en un factor de riesgo para la
integridad de los periodistas. Los ejemplos sobran: son documentados
por los medios de comunicación pero ignorados por las
autoridades.
Por ejemplo,
el martes 27 de agosto, guardaespaldas del gobernador de Chihuahua
agredieron en Matamoros, Tamaulipas, al corresponsal de la
cadena Telemundo, José Norméndez, a quien impidieron
que siguiera preguntando acerca de las irregularidades en
la investigación de los homicidios de mujeres en Ciudad
Juárez.
Los reporteros
habían improvisado una rueda de prensa con Patricio
Martínez al terminar un foro de la Confederación
Nacional Campesina, celebrado en el Centro de Convenciones
de Matamoros. El corresponsal de Telemundo aprovechó
el momento para cuestionar a Patricio Martínez acerca
de las irregularidades en la investigación de los homicidios
de mujeres, denunciadas por Organizaciones No Gubernamentales.
El reportero
dijo que su televisora tenía pruebas de que se habían
desviado investigaciones de algunos de los últimos
homicidios, como lo publicaron los medios en la frontera.
Patricio
Martínez dijo que las pruebas estarían mal porque
su gobierno había heredado el problema y que entre
los homicidios recientes había algunos ya esclarecidos,
según publicó el diario Reforma el 28 de agosto.
José
Norméndez insistió por tercera ocasión
y Patricio Martínez trató de irse de la rueda
de prensa sin responder a la pregunta, entonces los guardaespaldas
comenzaron a empujar a los reporteros. En ese momento, el
jefe de la escolta empujó al reportero con tal fuerza
que lo hizo caer de espalda sobre el suelo.
De inmediato,
los guardaespaldas rodearon al gobernador de Chihuahua y lo
sacaron del Centro de Convenciones, para evitar que otros
periodistas se le acercaran, y lo subieron a una Suburban
blanca.
El jefe
de seguridad, quien se negó a decir su nombre cuando
un reportero se lo preguntó, dijo burlonamente a los
presentes que a él no le podían hacer nada si
golpeaba a un periodista.
-Mejor
dime: ¿Quién eres tú para preguntarme
mi nombre? -respondió retador, junto a la puerta del
copiloto del vehículo. El gobernador de Chihuahua solamente
observaba.
***
En otro caso, el domingo 20 de octubre, integrantes de la
escolta del gobernador Patricio Martínez golpearon
al reportero David Durán, del Grupo Radio Divertida,
a quien además despojaron de su grabadora.
En la
corrida, realizada en la Plaza de Toros “La Esperanza”
de la Ciudad de Chihuahua, el matador Pablo Hermoso de Mendoza
ofreció un toro al gobernador Patricio Martínez.
En respuesta, como en otros eventos, los asistentes lanzaron
rechiflas y gritos de repudio en contra del mandatario.
Los guardaespaldas
se dirigieron a un grupo de personas donde se escucharon los
primeros gritos obscenos en contra del gobernador y se llevaron
a uno de ellos arrastrándolo, mientras otros asistentes
pedían auxilio. El equipo de seguridad aprovechó
para liarse a golpes con otros asistentes, incluyendo a mujeres
y niños, de acuerdo a testigos y a distintas versiones
difundidas por las estaciones locales de radio.
El reportero
y cronista deportivo David Durán se acercó a
investigar los hechos y preguntó qué sucedía
a uno de los hombres que decían ser agentes de la Policía
Judicial del Estado. En respuesta, uno de ellos lo derribó
a golpes y aprovechó para quitarle la grabadora y el
casete donde grababa el incidente.
En el
suelo, el reportero fue agredido a patadas. El supuesto agente
lo amenazó con arrestarlo, pero el cronista logró
zafarse y correr hasta ponerse a salvo.
En la
trifulca, fueron detenidos Saúl Rubén García
Rodríguez y Gerardo Meza Borunda, quienes se presentaron
el martes 22 de octubre con integrantes del Grupo Parlamentario
del PAN en el Congreso del Estado para denunciar las agresiones
recibidas.
Por su
parte, el subprocurador Jesús Antonio Piñón
Jiménez, declaró que no se trata de un caso
de abuso de autoridad, sino de tres personas en completo estado
de ebriedad que insultaban “a todo mundo”, faltándole
al respeto a las familias que en ese momento disfrutaban de
la corrida de toros, por lo cual le llamaron la atención
agentes de la Policía Judicial del Estado.
Según
el funcionario, las víctimas de la agresión
en realidad son los guardaespaldas. Óscar Sandoval
Ramírez, agente de la Judicial del Estado supuestamente
fue agredido y presenta lesiones que tardan más de
15 días en sanar y pueden dejar secuelas o consecuencias
médico legales.
Y así
exoneró de cualquier responsabilidad al equipo de seguridad
del gobernador.
José
Pérez-Espino es columnista en Norte, de Ciudad Juárez,
y colabora en la revista Día Siete.
(12
de noviembre del 2002)
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