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La situación laboral de los periodistas en Colombia

Por Alejandro Manrique Iván Cardona Restrepo

La situación laboral de los periodistas en Colombia.

Sumario (abstract): El periodista colombiano es –en promedio– un hombre joven, de 35 años, profesional graduado de una Facultad de Comunicación, con ocho años y medio de experiencia en el oficio, que recibe una asignación mensual de 1’329.038 pesos [483 dólares] y con una jornada diaria de trabajo que supera las ocho horas en términos generales. La investigación se hizo por medio del método de muestreo probabilístico o aleatorio simple, a través del diligenciamiento telefónico y personal de una encuesta de 56 preguntas a 309 periodistas de 120 medios de comunicación en nueve ciudades principales del país (Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Pereira, Bucaramanga y Cúcuta). Se trata, en su mayoría, de una población joven. El promedio de edad es de 35 años y el 74 por ciento de la población está entre los 20 y los 45 años. Ello propicia varios fenómenos que cruzan y dificultan el debido ejercicio de la libertad de prensa que debe estar –en términos generales– en manos de gentes experimentadas en la reportería, el arte de escribir y la edición, y cuya consistencia y solidez en lo académico esté fuera de la duda razonable.

a. Pese a que en la actualidad la gran mayoría de los periodistas colombianos cuenta con una carrera profesional (más del ochenta por ciento tienen un título universitario, de los cuales el 64 por ciento reza “Comunicador Social-Periodista” y que representa un cambio fundamental en el paisaje de las salas de redacción que hace unos veinte años estaba dominada por los llamados “empíricos”) su nivel de estudios excepcionalmente alcanza los niveles de especialización y maestría (veinte por ciento aproximadamente). No hay ninguna persona que tenga el nivel de doctorado y que esté trabajando en una sala de redacción como periodista. No es despreciable la cantidad de periodistas –encargados de velar por el bien público de la información– que son recién graduados y tienen bajo sus hombros responsabilidades descomunales como encargarse de la edición de textos periodísticos o de cubrir los fallidos procesos de paz o las batallas del conflicto armado.

Esta circunstancia –que según el actual Vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón, es la “la causa principal de la baja remuneración de nuestros periodistas”– propicia la aparición de visiones como la del citado funcionario que parecerían justificar los bajos ingresos en salarios, primas y prestaciones, cuando el contexto y la realidad de la profesión periodística en Colombia resulta mucho más compleja y paradójica que esa visión “de primera mano” como se explicará más adelante.

b. El ejercicio de la libertad de información se encuentra en manos de personas jóvenes que, en muchas circunstancias y condiciones, no cuentan con el conocimiento y la experiencia necesaria en los cubrimientos informativos, de investigación y análisis que adelantan por encargo del público. La tradición de los medios de comunicación en Colombia, enseña que los periodistas deben ser “generalistas”. Es decir, personas que no se especializan en temáticas (justicia constitucional, conflicto armado colombiano, industria del entretenimiento, por ejemplo) sino en instituciones y fuentes de información (Corte Constitucional, FARC, Ejército, ELN, AUCC) lo que –además– ha propiciado un nivel generalizado de desinformación y descontextualización de la ciudadanía sobre lo que acontece en el país. Este fenómeno toca lo laboral pero tiene su raíz en un problema de mucho más calado: la carencia de estándares sobre el ‘deber ser’ del periodista colombiano, sobre los valores que hacen que un hecho deba nutrir las agendas públicas, sobre la reportería, el arte de escribir y la edición periodística.

c. Parece que existiera la creencia generalizada de que existe una edad para ser reportero (por las destrezas, la fuerza física, y la circunstancia de vivir en el vértigo de un país que no da tregua en sus acontecimientos cotidianos) y, por consiguiente, la remuneración de los periodistas se basa, en muchas ocasiones, en la edad de quién integra las salas de redacción, quien, tarde o temprano, no tendrá alternativa distinta de ejercer y oficiar otra profesión o carrera y abandonar este oficio que, en las palabras de Joseph Pulitzer, es merecedor de un proyecto de vida. Muy pocos periodistas terminan su vida siendo periodistas, lo que retrata un preocupante índice en términos de desarrollo humano.

Esta creencia – “de que existe una edad para ser reportero” y que contradice los estándares internacionales– refuerza el fenómeno de la fugacidad de sus carreras. Resulta difícil hacer una trayectoria en las salas de redacción del país pues no existe una política de ascensos en las empresas periodísticas. Al existir una sobreoferta de periodistas en el país, pocos se cuentan entre quienes hacen, de este oficio, una carrera de vida pues muchos son despedidos para dar paso a contrataciones de personas más jóvenes, tal vez con más vigor e inocencia, pero con menos experiencia y rigor. Como dice el informe de Bogotá, adelantado por uno de los asistentes de investigación, “son pocos los periodistas que duran más de cinco años en un mismo medio de comunicación, y los escasos puestos disponibles se consiguen por ayuda de amigos, familiares y conocidos, más que por concurso o convocatoria”.

En alguna etapa de su carrera a los periodistas –especialmente en el umbral de su carrera– los hacen renunciar o simplemente sus expectativas económicas (incluso las más sencillas como especializarse en el exterior o comprar una vivienda como se verá más adelante), no resultan satisfechas en los medios de comunicación.

Es por esta circunstancia, además, que grandes reporteros colombianos han terminado sirviendo intereses privados de compañías que los contratan como jefes de prensa, o alimentando la propaganda de diversas agencias del Estado que también requieren de sus servicios y ‘contactos’ y cuyas banderas son exitosamente ‘vendidas’ a sus ‘colegas’.

En la actualidad –a manera de ejemplo– no son pocos los periodistas cuya edad está por debajo del promedio nacional de periodistas (35 años) y que son directores de medios de comunicación.

La falta de una política de ascensos en las salas de redacción y de un ideario –‘deber ser’– de lo que significa ser reportero en el país también propicia que muchos directores de medios de comunicación y presidentes de cadenas televisivas y radiales no sean periodistas por profesión u oficio, sino personajes vinculados al mundo de la política, de los negocios o la banca de inversión.

En este sentido, en las regiones, siguiendo el ejemplo de Bogotá, son muchos los periodistas que incursionan –muchas veces sin éxito– en la política y vuelven al periodismo. Un fenómeno que violenta el modelo del periodismo independiente, que hipoteca conciencias y transluce favores y que es conocido coloquial y cínicamente como “la puerta giratoria”.

d. Al fenómeno de la edad se suma el de la sumisión (destacada en los informes solicitados a los asistentes de investigación de las ciudades). Como una buena parte de la población de los periodistas es joven y recién graduada, y dada la sobre oferta laboral reinante en el país, pocos de ellos cuestionan lo que sus jefes ordenan. Así, el unanimismo, los mismos enfoques, los mismos expertos, la misma visión de país (muchas veces probada y reprochada en su maniqueísmo y descontextualización) se consolida sin remedio. Sin posibilidad de interlocución, crítica y debate, muchas de las ‘informaciones’ que se emiten no pasan por la dialéctica de la búsqueda de la verdad, que está a cargo del eslabón más débil de la cadena: el periodista recién graduado.

La población más joven de periodistas se encuentra en Bogotá e Ibagué (32 años en promedio). Paradójicamente, en las tres grandes ciudades del país -Bogotá, Medellín y Cali- el promedio de edad de los periodistas es muy joven. En Barranquilla se presenta un promedio de edad de 45 años, en Cúcuta de 43 años y en Bucaramanga de 42 años. Pero resulta más que preocupante que muy pocos culminan sus carreras profesionales siendo periodistas.

Se trata, en su mayoría, de un trabajo de hombres y la participación femenina sólo presenta niveles importantes de vinculación en Bogotá (39 por ciento de participación femenina). Existen regiones del país en las que el 90 por ciento de los periodistas son hombres, como en el caso de Bucaramanga, o Cúcuta, ciudad en la que el 85 por ciento de los periodistas son hombres y el 15 por ciento mujeres. En Cartagena el 83 por ciento son hombres y el 15 por ciento son mujeres.

En la actualidad, el 84 por ciento de los periodistas del país son profesionales. Ello significa un salto cualitativo frente a las circunstancias que condicionaban al medio profesional hace menos de dos décadas. El 64 por ciento de esos periodistas profesionales son graduados de una Facultad de Comunicación. El 14 por ciento de los periodistas colombianos tienen otra carrera distinta a la de Comunicación Social-Periodista. Pero solo el 12 por ciento de los periodistas colombianos cuenta con estudios avanzados (diez por ciento con especialización y 2 por ciento con maestría).

Los llamados ‘empíricos’ –quienes no cuentan con una carrera profesional– suman el 16 por ciento de la población de quienes ejercen el oficio en el país. Resulta importante destacar que en Cartagena el 96 por ciento los periodistas son empíricos. En Cali el porcentaje de periodistas ‘empíricos’ alcanza el 35 por ciento. Esto es, periodistas sin educación formal, en contraste con Medellín que cuenta solo con un ínfimo porcentaje de ellos. Pese a este reciente proceso de profesionalización de los periodistas del país, resulta notorio que la calidad de la información no ha presentado una mejora y que, en términos generales, se ha presentado un evidente deterioro en la misma. Ello se explicaría por el currículo de las facultades de comunicación, cuyas materias son prólijas en el análisis de fenómenos comunicaciones y del paradigma de la comunicación. La inmensa mayoría de esas facultades –además– no tienen campos profesionales especializados, lo que significa que los estudiantes que quieran forjar su carrera como reporteros deben no sólo estudiar decenas de materias comunes que no contribuyen a su formación de reportero, sino que deben estudiar otras asignaturas del todo opuestas con el oficio de decir la verdad en interés del público, como publicidad, mercadeo, y comunicación organizacional.

Una buena propuesta, en este sentido, sería la de pensar en especializar, al interior de las Facultades de Comunicación, los campos profesionales, como paso inicial y necesario para pensar los estudios de periodismo a nivel de maestría. De esta manera, quien quiera ser periodista, que estudie una carrera que le dé contexto suficiente para después poderse hacer una carrera como reportero con las herramientas, los principios, la ideología, y la historia que se ofrecerían en estos programas de maestría. En el mediano y largo plazo, éste sería el único camino para impactar la información y el análisis que provee la prensa. De las personas que estudiaron otra carrera distinta a comunicación social, se encuentra ciencia política, derecho, economía, administración de empresas, sociología.

El bajo nivel de estudios avanzados se explicaría por los bajos salarios que perciben los periodistas, como por el escaso interés de las empresas periodísticas por ofrecerles serias alternativas de capacitación en el país o el exterior. Los casos en los que las empresas periodísticas han sufragado los costos de la especialización o maestría de los periodistas son realmente excepcionales. Más que un condicionante de la libertad de prensa en el país, el periodista colombiano considera como un problema de índole personal o individual las difíciles condiciones laborales en las que desempeña su trabajo, aunque desea hacer parte de una agremiación nacional de periodistas. En un 70 por ciento los periodistas colombianos no están agremiados y son poco proclives a organizarse.

Aún así, y pese a la juventud de los periodistas colombianos, resulta determinante destacar que el 50 por ciento de los reporteros cuenta con una experiencia profesional de más de diez años, el 15 por ciento tiene entre uno y tres años de experiencia, y el 14 por ciento tiene entre siete y diez años de experiencia. La experiencia promedio de un periodista colombiano, de 35 años, es de ocho años y medio. La gran mayoría de los periodistas colombianos –el 89 por ciento en términos de ingresos– ejerce el oficio de periodista en condiciones laborales precarias y lamentables. Las razones que explican este fenómeno son múltiples y complejas. Entre ellas se pueden citar 1) la reciente recesión económica que viene azotando las utilidades de las empresas colombianas –incluidas las periodísticas– desde 1999; 2) la corrupción y los deleznables manejos administrativos de algunas agremiaciones periodísticas que constituyen una sustancial barrera para que los periodistas busquen la defensa de intereses colectivos a través de agremiaciones, 3) la ‘globalización’ y el modelo de producción de las noticias que privilegia no sólo la instantaneidad, la multiplicidad de funciones, sino la degradación de las condiciones laborales por diversos fenómenos entre los que se cuentan las fusiones y adquisiciones; y 4) la caída de la Ley 51 de 1975 –denominada Ley de Prensa– que consagraba lo que para muchos era la “garantía” de la tarjeta profesional. Estas circunstancias han propiciado una suerte de vacíos institucionales, legales y de política que ha sido capitalizados por las empresas periodísticas colombianas en los últimos años para ‘desinstitucionalizar’ la función del reportero empleando las siguientes prácticas laborales, muchas de ellas contrarias a la ley:

1. El incumplimiento total y/o parcial de las garantías laborales a las que tienen derecho –por Constitución, ley y tratados y convenios internacionales– los periodistas colombianos contratados, a término fijo o indefinido.

2. La contratación de personal poco cualificado –como el caso de los estudiantes en práctica– para desempeñar las labores de periodistas profesionales en las áreas de reportería, redacción, e incluso edición (sobre esta circunstancia se va a profundizar en varias entrevistas en profundidad cuyo resultado aún no está consolidado).

3. El propiciar formas o modalidades informales de contratación de los periodistas, tales como el arrendamiento de cupos publicitarios y de espacios en medios de comunicación, o la contratación de periodistas bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios que no cobijan las garantías laborales.

4. Los bajísimos niveles de remuneración salarial, prestaciones sociales, primas, horas extras, vacaciones, pagos y compensatorios que no propician un desarrollo humano apropiado en términos de calidad de vida y acceso a la cultura.

5. Las cifras de colegiación y pertenencia a gremios o sindicatos de periodistas que –en contraste– son muy bajas. Los periodistas que se encuentran agremiados, a asociaciones de carácter local principalmente, critican a agremiaciones tradicionales como el Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB), pero poco hacen por cambiar las circunstancias actuales. Estas agremiaciones locales que se cuentan por decenas, y más que asociaciones de defensa de derechos laborales o sindicatos, son grupúsculos de periodistas amigos o clubes de prensa preocupados por actividades de índole social, que reflexiones académicas, de reflexión, crítica y de defensa de intereses comunes.

1. El incumplimiento total y/o parcial de las garantías laborales:

No hay ningún medio de comunicación colombiano que cumpla y observe la legislación laboral consagrada en el Código Sustantivo del Trabajo y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. En términos generales, las empresas periodísticas incumplen con el pago de prestaciones sociales como los intereses a las cesantías, las vacaciones, los aportes a pensión, las cesantías y las afiliaciones a las Administradoras de Riesgos Profesionales y Empresas Prestadoras de servicios de Salud (E.P.S.). El consolidado nacional arroja cifras más que preocupantes: el diez por ciento de las empresas periodísticas no le cancelan cesantías a sus periodistas, en un 15 por ciento, no pagan los intereses a las cesantías, en un 12.5 por ciento las vacaciones remuneradas no son tales. Los aportes a pensión no son hechos a los periodistas colombianos en un once por ciento, mientras que la afiliación a una caja de compensación familiar no se adelanta en el 15 por ciento de los casos, a una Administradora de Riesgos Profesionales en un ocho por ciento y a las E.P.S. en un cinco por ciento. De los informes enviados de las distintas regiones del país por los asistentes de investigación aparece claro cómo no son pocos los periodistas que ni siquiera tienen conciencia de cuáles son los derechos laborales. Muchos desconocían –a manera de ejemplo– que las empresas periodísticas debían reconocerles intereses sobre las cesantías. De estos informes también se desprende un contexto que resulta importante incluir cuando estamos hablando de incumplimiento de prestaciones sociales. Con la reciente recesión económica, no fueron pocos los medios de comunicación que despidieron a cientos de reporteros y editores, y ello no sólo provocó que se alargaran los turnos de trabajo (que en ocasiones superan las doce horas diarias), sino que quienes lograron mantener el empleo se ‘sintieran afortunados’ y, por tanto, guardaran silencio frente al incumplimiento en el pago de sus prestaciones sociales. Como dice un periodista que labora en Bogotá, “antes éramos más periodistas, ahora con las recientes fusiones ya no quedamos ni la mitad”. En Bogotá, como sucede en muchas regiones del país, los periodistas prefieren un empleo mal remunerado y a sabiendas de que les están incumpliendo con los pagos de sus prestaciones sociales, a verse abocados a otras formas más perversas de contratación –como los contratos de prestación de servicios o los arrendamientos de cupos publicitarios– o, incluso, al desempleo. Como dice el informe preparado por uno de los asistentes de investigación de Bogotá, “el miedo que les genera el desempleo" –porque por lo menos el veinte por ciento de los periodistas con los que hablé creen que el recorte de personal en su medio de comunicación es inminente– "y la idea de saber que en otro medio podrían estar peor, hace que los periodistas de medios impresos estén conformes, y aunque saben que deberían ganar más, no hacen nada por miedo a estar peor”

“Yo estoy asustado porque ya se rumora otro recorte de personal”, dice un periodista de prensa escrita en Bogotá. “Imagínese, yo buscar empleo; en dónde si lo único que sé hacer es ser periodista y está muy jodido conseguir algo, así sea regular”. Estos recortes de personal han propiciado un dramático descenso en la calidad de la información pues los reporteros que sobrevivieron a los recortes de personal tienen que adelantar las actividades de sus colegas y tienen poco tiempo –en el caso de las historias noticiosas– de confirmar la información que les ha sido suministrada por las fuentes, pues poco trabajo de observación directa hacen los periodistas colombianos en la actualidad, derivada de la precariedad de su situación laboral y de los suministros de debe proveer la empresa periodística.

Un informe preparado por el asistente de investigación de Medellín cita el ejemplo de un director de un noticiero radial: “todos los días salgo de mi casa a las 5:30 de la mañana, porque afortunadamente vivo cerca de la emisora. Aún está oscuro cuando llego a la sede y comienzo con el ‘corre-corre’ diario. Me toca hacer las veces de reportero, coordinador y redactor. Redacto la información que llega por medio del fax o del correo electrónico, coordino con los periodistas los informes que harán telefónicamente y decido qué información es relevante y asignó el trabajo y los cubrimientos que priman”.

Estos recortes de personal, además, son fáciles de adelantar cuando el 51 por ciento de los contratos laborales de los periodistas colombianos tiene un contrato a término indefinido, lo que garantizaría una cierta estabilidad laboral. La problemática de la ausencia de pagos de prestaciones sociales se presenta especialmente en radio y televisión, pues los informes y las encuestas destacan que los periodistas que lograron una vinculación con la prensa nacional o regional –en términos generales– tienen garantizadas sus prestaciones.

En prensa la problemática hace referencia al bajísimo nivel de salarios y a las largas jornadas de trabajo. El tema de las horas extra merece un capítulo aparte pues pese a que en términos jurídicos no constituye una prestación social, sí hace parte del salario. Al 87 por ciento de los periodistas colombianos no les pagan las horas extras y tiene un promedio de 5.3 horas extra trabajadas a la semana.

Sobre el particular, resulta lúcido el informe preparado por uno de los asistentes de investigación de Bogotá cuando dice que, “las preguntas 16 y 55 (que inquirían sobre la cantidad de horas extra trabajadas y el porcentaje de sus ingresos que dedicaba al ahorro) fueron inquietantes para la mayoría de los encuestados (...) Antes de dar su respuesta con expresiones de ironía, se quejaban o soltaban una carcajada, hechos que reflejaban la gran cantidad de horas extras que trabajan los periodistas y su baja capacidad de ahorro”

“Yo trabajo un millón de horas al día”, dice una periodista de Bogotá que presta sus servicios en un canal de televisión. “Normalmente uno sabe que llega a una hora, pero no tiene idea de la hora de salida”.

“Yo por lo menos no tengo hora de almuerzo porque tengo que estar preparado para el boletín informativo de la mañana, presentarlo al mediodía y correr para preparar las noticias de la tarde”, dice un periodista entrevista en Bogotá. “A veces, se me olvida que tengo que almorzar y cuando se acuerda es demasiado tarde”. Casi ninguno de los medios que hicieron parte del estudio lleva un conteo de las horas extra que laboran sus periodistas y, en muchas ocasiones, los propios reporteros desconocen que tengan derecho a ese pago, pues por mucho tiempo se creyó (y difundió) que editores y comunicadores se asimilaban a empleados de ‘confianza y manejo’, cuando la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha sido clara en decir que sólo los empleados que llevan la representación de la empresa (directores y editores generales) son quienes deben ser considerados de confianza y manejo. Estos empleados devengan salario integral cuyo pago ya incluye las horas extra.

2. La contratación de personal poco cualificado (sobre esta circunstancia se va a profundizar en varias entrevistas en profundidad cuyo resultado aún no está consolidado).

3. Modalidades informales de contratación de los periodistas Estas modalidades de contratación ‘informal’ de periodistas se refieren a dos principalmente, una más perversa que la otra:

a. El arrendamiento de cupos publicitarios: b. La contratación de periodistas mediante contratos de prestación de servicios que no cobijan las garantías laborales.

Estas formas de contratación de periodistas significa no sólo un detrimento en las garantías laborales de las que ellos disfrutaban previamente, sino una distorsión del ‘deber ser’ y de la misión y el papel del reportero en la democracia. Modalidades estas (que tienen mayor frecuencia en radio y televisión) que arrojan a la informalidad laboral a los periodistas pues en ninguna de ellas el periodista pertenece a la nómina de las salas de redacción para las que trabaja. Solo el 51 por ciento de los periodistas colombianos tiene contrato laboral a término indefinido, el 21 por ciento cuenta con un contrato laboral a término fijo (lo que ‘flexibiliza’ su situación), el dos por ciento son periodistas ‘freelance’ y el 27 por ciento de los periodistas se encuentra vinculado en alguna de estas modalidades de informalidad laboral así:

El doce por ciento de los periodistas del país tiene un contrato de prestación de servicios con la empresa periodística. El quince por ciento de los periodistas tiene un contrato de arrendamiento de espacio o cupos publicitarios.

La primera modalidad –contratos de prestación de servicios– tiene como telón de fondo el hecho de que muchos de los reporteros que trabajaban con contrato laboral a término indefinido o fijo, fueron despedidos y, a cambio, les dieron la posibilidad de mantener una vinculación con el medio de comunicación (no de tipo laboral ciertamente) a través de estas contrataciones.

Fuera del evidente deterioro en las condiciones laborales y personales del reportero con esta contratación, un importante porcentaje de estos contratos cumplen con los requisitos de una relación laboral, salario, dependencia y prestación personal del servicio. Esto significa que el reportero sigue desempeñando las labores que venía adelantando, con subordinación, una asignación mensual, y prestando el servicio de manera personal (pues al fin y al cabo cuando se contrata a un periodista se hace un contrato ‘intuito personae’) y que la empresa periodística está ‘disfrazando’ la verdadera o real situación laboral del periodista contratado y que no es otra que la de seguir perteneciendo a la planta de reporteros sin las garantías que ello le representa.

El once por ciento de los contratistas de Bogotá, el cinco por ciento en Cali, y el ocho por ciento en Medellín, tienen en realidad un contrato laboral de trabajo. La disminución de los ingresos de los periodistas que trabajan bajo esta modalidad se calcula en un 35 por ciento (por la ausencia del pago de prestaciones sociales) y su salario promedio es ostensiblemente inferior (1’134.659 pesos, o 412 dólares) al promedio nacional que ya de por sí se encuentra por debajo al de otras profesiones (ingenieros, abogados, arquitectos, politólogos).

Pero la problemática es aún más compleja. De unos años para acá, una serie de empresarios de radio crearon la modalidad de contratación denominada de ‘espacios o cupos publicitarios’ y que consiste en que la administración del canal o estación de radio respectiva le dice al reportero que ‘monte su empresa’ y que a ella le arrienda un espacio en el canal o cadena. El periodista debe pagar un canon de arrendamiento por el espacio, pero él debe agenciar la publicidad del mismo, pues de allí deriva el sustento de su empresa, el canon que cumplidamente se cobra y la posibilidad de continuar oficiando de periodista.

Esta modalidad de contratación contradice el paradigma del periodismo independiente y ha generado toda clase de distorsiones al oficio de reportero a saber: La figura del periodista se confunde con la de empresario y ello genera conflictos insalvables entre su oficio de reportar la verdad de los hechos, con la de hacer viable su empresa. · Estos conflictos han generado un fenómeno de ‘canibalización’ de la pauta publicitaria que ha pisado los terrenos periodísticos, pues con tal de supervivir, los periodistas han vendido su pluma al mejor anunciante. Su independencia y profesionalismo se acaba cuando por velar por su sustento, que se deriva de cuánta publicidad se venda, olvidan la independencia característica al oficio.

El fenómeno de la ‘canibalización de la pauta publicitaria’ ha propiciado otro denominado el de la ‘extorsión de doble vía’, según el cual las jefaturas de prensa de las entidades estatales, los políticos y los empresarios de las regiones, extorsionan al periodista para que emita ‘información’ que los favorezca a cambio de pauta publicitaria. En el peor de los casos, los periodistas son quienes extorsionan a políticos y jefes de entidades principalmente, diciéndoles que se abstienen de emitir cierta información que los podría perjudicar. Ello sin contar conque esta modalidad de contratación propicia las campañas de desprestigio que entre los propios periodistas adelantan unos contra otros y lo que imposibilita, casi en términos absolutos, la necesidad de agremiarse.

Los informes elaborados por los asistentes de investigación detallan esta situación así: “Esta situación (la de los cupos publicitarios) es aprovechada por los jefes de prensa de entidades oficiales (...) para convenir en forma tácita y a veces abierta, la compra de silencio y servir de caja de resonancia para los planes y programas de los mandatarios de turno (...) llegando incluso a cuestionar, criticar, insultar o injuriar colegas que se atreven a hacer periodismo en profundidad (...) cuando uno comienza a cuestionar la institucionalidad, le cortan la pauta. Esto obliga a muchos a quedarse callados o a negociar con la fuente ”, dice el informe de Barranquilla.

El asistente de investigación de Cali califica esta modalidad de contratación como una ‘opción suicida’ “para que los periodistas puedan cubrir sus necesidades básicas dependiendo de su capacidad de venta, teniendo en cuenta que la venta de cupos está sujeta al mercado y puede ser inestable cada mes (...) El periodista está vendiendo al mejor postor la información (...) ahora el periodista debe vender pauta publicitaria, donde el periodista solo obtiene un poco porcentaje por la venta ”. “En la radio todos coincidieron en que el alquiler de espacios no es el mejor terreno para realizar buen periodismo y sostienen que la utilización de la radio solo favorece a la publicidad, la política y la venta de productos y servicios”, dice el informe de Medellín. Esta situación de los cupos publicitarios es especialmente preocupante en la Costa Atlántica (Cartagena y Barranquilla) y Cali.

4. Bajos niveles salariales y prestacionales y el desarrollo humano. El salario promedio de un periodista en Colombia, siendo una persona profesional, de 35 años de edad, es de 1’399.345 pesos [509 dólares]. Un salario que –comparado con otras profesiones– resulta muy bajo. Solo el once por ciento de los periodistas devenga más de 2’656.000 pesos [965 dólares]. Esta circunstancia, sumada a otras como la ausencia de pagos de horas extra, el incumplimiento en el pago de las prestaciones sociales, y las modalidades de contratación informal, propicia los siguientes fenómenos:

Que los periodistas combinen su profesión con otras profesiones u oficios para poder subsistir y tener una calidad de vida apenas digna. Algunos de estos oficios y profesiones contradicen su misión y ‘deber ser’ como reporteros, como cuando se dedican a servir de jefes de prensa de jefes políticos locales, o entidades gubernamentales o del sector privado. En zonas de conflicto, esta infortunada realidad le ha costado la vida a los periodistas, cuando no amenazas, secuestros y exilios. Que los periodistas no tengan el mínimo básico para su existencia y vivan en condiciones precarias, tanto ellos como sus familias, pues un profesional, de 35 años, ya tiene, en promedio, un núcleo familiar de tres o más personas. Que los periodistas no tengan acceso a la cultura y a bienes y servicios que nutren su visión y formación como relatores de realidades y contadores de historias.

Esta realidad es mejor retratada por los informes de los asistentes de investigación, así: “Son periodistas a la madrugada, jefes de prensa de algún político en la tarde y jefes de relaciones públicas de alguna agencia de modelaje, publicidad o fábrica de ropa en las horas de la noche, cosa que atenta seriamente contra la independencia periodística”, dice el informe de Ibagué.

“Ya uno no puede vivir solo del periodismo porque eso no da para vivir. Nos toca conseguir otras entradas independientes para suplir los gastos principales y para poder ir a cine una vez que otra”, dice un periodista entrevistado en Bogotá.

Otro, de la misma ciudad, dice, “si fuera por la plata, hace rato hubiera dejado de ser periodista. Uno comprueba que este oficio no es para gente que quiera ganar plata, sino para los que somos apasionados con lo que hacemos, los que nos gusta hacer reportería, informar, y acompañar a la gente en sus hogares, en el carro o en sus lugares de trabajo”.

Solo el 23 por ciento de los periodistas tiene casa propia, el 12 por ciento está afiliado a una empresa de medicina prepagada, el dos por ciento no está afiliado a un sistema de salud, la inversión en recreación y cultura no es prioritaria y la capacidad de ahorro de un periodista es de 124 mil pesos [45 dólares] mensuales en promedio. El 45 por ciento de los periodistas del país se transporta en bus, buseta o transporte urbano.

5. Las cifras de colegiación y pertenencia a gremios o sindicatos de periodistas son muy bajas.

Resulta paradójico que pese a las difíciles condiciones laborales de los periodistas en Colombia, sólo un pequeño porcentaje de ellos se encuentre agremiado (24 por ciento). El 76 por ciento de los periodistas no pertenece a ninguna agremiación o sindicato de periodistas. El 26 por ciento de las periodistas que se encuentran agremiados pertenecen a pequeños grupos o clubes de prensa, con escasa interlocución local y nacional y encargados de adelantar actividades sociales en su mayoría. En pocos casos, estos grupúsculos tratan temas laborales o adelantan programas o jornadas de capacitación para sus periodistas afiliados.

Una gran mayoría dijo estar dispuesto a pertenecer a una organización gremial de carácter nacional. La principal razón por la que los periodistas no se encuentran agremiados tiene que ver con las experiencias pasadas como la del CPB.

El escepticismo lo muestra bien el informe preparado por uno de los asistentes en Bogotá cuando dice que, “la mayoría siente que no hay una organización que los represente y les ayude a defender sus derechos, pues aunque les gustaría ser parte de alguna organización seria, sienten que en Colombia las asociaciones de periodista además de estar mal planteadas, son ineficientes”.

“Yo estaría dispuesta a pertenecer a una organización de periodistas si fuera organizada”, dice una periodista en Bogotá que trabaja en un canal de televisión. “Si tuviera fuerza, seriedad, y un objetivo claro, no agremiarse por agremiarse, sino de verdad trabajar por nosotros mismo, porque hay mucho por hacer”.

Alejandro Manrique Iván Cardona Restrepo es profesor de periodismo en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá

(8 de diciembre del 2003)